Los borrachos asesinos

notas de Buhardilla

EL 27 DE JULIO DE 1986, EN LA CARREtera de Buga a Tuluá, un automóvil conducido por una abogada que viajaba en compañía de su madre, una colega y una niña de 8 años, intempestivamente fue embestido por otro carro manejado por un borracho que a esas horas de la mañana de ese domingo triste todavía andaba celebrando las festividades anuales de una de esas poblaciones. Como consecuencia de la violenta colisión murió de inmediato la colega de la conductora, esta última quedó postrada en una cama muchos meses, y unos días después falleció su madre. Milagrosamente, la menor salió ilesa. El chofer que destruyó esa familia y causó tanto dolor, no sólo no fue condenado penalmente porque un jurado popular muy cerca del prevaricato consideró que el borracho apenas había obrado con culpa, sino que jamás tuvo la delicadeza de pedir excusas a los afectados.

La historia me toca en lo más íntimo y cada vez que la refiero me estremezco, porque la señora que perdió la vida en esa ocasión era mi madre, y la conductora mi hermana. Desde entonces, no ha habido un solo día de mi vida en el que el recuerdo de esa tragedia no me sacuda, en especial cuando las noticias registran los lamentables sucesos de los conductores ebrios que con inusitada frecuencia matan a ciudadanos inermes.

Digo lo anterior, porque cada vez que hay un accidente automovilístico protagonizado por conductores borrachos, la ciudadanía protesta pero nunca soluciona un terrible mal que mientras se siga tratando como hoy se hace, seguirá causando más muertos.

En efecto, en los últimos días un señorito hijo de una destacada familia caleña, cuando conducía alicorado su vehículo, en la vía a La Calera atropelló a unos motociclistas y les causó la muerte a tres de ellos. La comunidad se indignó, pero pronto salieron los defensores de oficio a reclamar la libertad del joven conductor, calificando de excesiva la sanción de considerarlo responsable de homicidio doloso, porque a estos ángeles protectores les parece que cuando los de su clase matan con el timón, apenas incurren en culpa. Hubo hasta un sacamicas y amanuense del momiato caleño que se atrevió en estas mismas páginas a sugerir la inmoral tesis de que la víctima era el conductor que causó tan dolorosa tragedia.

La sociedad colombiana está en mora de acoger legislativamente la doctrina que ya se viene abriendo paso en la Corte Suprema de Justicia, según la cual quien conduce borracho y causa la muerte o daños a otras personas, no incurre en simple culpa, sino en dolo eventual, que es una forma intencional de cometer un delito. Cierto es que quien mata por conducir alicorado no tiene una intención delictiva directa, pero tampoco se trata de un descuido o imprudencia cualquiera. Ese simple detalle hace diferente la culpa del dolo.

El país tiene que enfrentar este problema de los borrachos conductores con mano firme, sancionándolos como lo que son: asesinos. Hay que propiciar el cambio de los hábitos en materia del licor y la conducción vehicular, por ejemplo, empezando por sancionar como determinadores de las muertes que causen los conductores a quienes los incitan en sus reuniones sociales a tomarse aunque sea una copita. Con el consabido dicho de “un traguito no hace daño”, envenenan a sus invitados, sin importarles que luego salgan a conducir. Lo mismo debería ocurrir con los dueños de bares y discotecas, quienes a sabiendas de que alguien sale embriagado de sus establecimientos, no toman precauciones para controlar que esos clientes no conduzcan.

Mientras se siga creyendo que este mal se combate con titulares de prensa y escándalos pasajeros, los criminales del volante seguirán sueltos y haciendo de las suyas.

Adenda. Insólito que el magistrado Francisco José Ricaurte, el mismo que estuvo muy activo en el Congreso durante el trámite fallido de la tramposa reforma a la justicia, hubiese sido considerado por el Partido de la U como posible candidato a la Defensoría del Pueblo. Obviamente no lo postularon a sus espaldas.