Dos años de Santos

En el plan de desarrollo se anticipó una tasa de crecimiento de 6%, la reducción del desempleo y la aprobación de ambiciosos proyectos de ley de corte social.

La idea fuerza de las locomotoras no pasó de la enumeración de los sectores y no avanzó en un análisis sobre sus interrelaciones y objetivos. Nunca se establecieron los medios para impulsarlas. Hoy en día es claro que de las cinco locomotoras —la minería, la agricultura, la infraestructura, la vivienda y la innovación— sólo se ha avanzado en consolidar la primera, que viene de la administración anterior, incluso de 20 años atrás.

Por tratarse de un sector que genera cuantiosas divisas por la financiación de sus elevadas necesidades de inversión y por la naturaleza del producto final, la expansión de la minería crea una abundancia de dólares que revalúa el tipo de cambio y desplaza la industria y la agricultura. Así lo confirman las cifras más recientes. En el primer semestre la minería creció 11%, en tanto que la industria y la agricultura lo hicieron cerca de cero. Lo que se gana con la producción de la minería, incluso sin descontar la repatriación de capitales, se pierde en la industria y la agricultura.

En materia de empleo no se han cumplido las metas oficiales. La pequeña reducción del desempleo estuvo acompañada de un aumento del subempleo; la mayor parte de las nuevas ocupaciones se encuentran en la informalidad. Por lo demás, en las ciudades la tasa se mantiene en dos dígitos y en varios casos por encima del 15%.

La política monetaria ha sido determinada en buena medida por la prioridad minera. El balance macroeconómico se ha buscado por la vía de la revaluación y el aumento del crédito, que inducen a adquirir los bienes transables en el exterior. Se configuró una estructura en que la producción se origina en la minería y los servicios y el consumo de bienes industriales y agrícolas se realiza en el exterior. Tal como se demostró en el primer semestre, el expediente es insostenible y altamente vulnerable a las condiciones externas. El agravamiento de la crisis mundial y el desinfle de la burbuja del crédito y la revaluación echaron abajo el andamiaje y dejaron sin piso las previsiones del plan de desarrollo.

El mayor insuceso de la política oficial estuvo en las iniciativas parlamentarias. La reforma a la salud, aprobada a comienzos de la administración, no resolvió el caos financiero y la reforma de la educación superior, que luego de ser rechazada por los estudiantes se retiró del Congreso. Las leyes de tierras, regalías y formalización de la mano de obra se aprobaron dentro de grandes despliegues, pero su ejecución ha evolucionado muy por debajo de las metas oficiales. Para completar, las reformas tributaria y pensional nunca se lograron concretar, y ante los insucesos del proyecto de la justicia, el Gobierno optó por no presentarlas.

En contraste, el acto legislativo de la Regla Fiscal, que sustituyó la prioridad social del gasto social por la austeridad, se tramitó en forma expedita y se aplicó con celeridad. A tiempo que se incumplen los programas de vivienda de interés social y de infraestructura, el propósito de reducir el déficit fiscal se cumple a la perfección.

El país está pagando las facturas de la ineficacia del modelo de la minería y servicios, así como de la inoperancia de los proyectos legislativos. A los dos años de iniciada la administración Santos no se vislumbra el perfil productivo y la base institucional que impulsen el crecimiento sostenible con empleo de calidad y reviertan las desigualdades de la sociedad colombiana.