Primer paso

“Centros de consumo” suena a salitas VIP en donde los consumidores pueden drogarse tranquilos, una imagen que, aunque en la práctica no difiere de muchas discotecas capitalinas, es tremendamente escandalosa en un país conservador e hipócrita como Colombia, en donde la sociedad estigmatiza al consumidor y tolera al narcotraficante.

Por eso, con igual precipitación, varios funcionarios han salido a condenar la iniciativa sin tener claro en qué consiste el proyecto. De la desinformación nacen declaraciones como la de Roy Barreras, que advirtió que los Camad serán zonas de tolerancia, y la de la ministra de Salud, que alzó su voz frente a la posibilidad de que el Estado se convierta en un expendedor de sustancias ilícitas.

El proyecto de los Camad consiste en crear un sistema de atención móvil para drogodependientes enfocado en la atención en salud, la prevención de delitos relacionados con el consumo y la reducción de riesgos. Los Camad contarán con personal calificado: médicos y psicólogos, que puedan atender a los consumidores para prevenir muertes por sobredosis, que puedan dar asesoramiento para el control de la abstinencia y que puedan ayudar a prevenir otros riesgos asociados al consumo, como la transmisión de virus como el VIH, un problema frecuente entre heroinómanos por el intercambio de jeringas. El proyecto actualmente se encuentra en fase de contratación y partirá de un diagnóstico especializado de las comunidades en donde, tomando como referencia las experiencias internacionales, se diseñarán los servicios de los centros de atención móvil. Otro componente importante de la iniciativa es una estrategia de sistematización, monitoreo, evaluación y medición de impacto, que permita dar cuenta del proceso cuantitativa y cualitativamente.

Los Camad son una mejor alternativa a lo que hacemos actualmente: negar el consumo hasta que es innegable y entonces resolverlo con centros de supuesta rehabilitación donde le lavan el cerebro a los consumidores con peroratas religiosas —cambiando el opio real por el metafórico—. Son también una iniciativa que parte de asumir un hecho real: el consumo existe, siempre ha existido y seguirá existiendo, no sólo en Colombia sino en todos los países del mundo. Según una encuesta de hogares realizada en el año 2008 por el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio del Interior y de Justicia, con el apoyo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito y la Embajada de EE.UU., el 9,1% de los colombianos entre los 12 y 65 años confiesa haber probado alguna vez drogas ilícitas, una cifra que sólo da cuenta de aquellos capaces de aceptar su consumo y que deja por fuera a todos los morrongos, una importante mayoría cultural en Colombia.

Roy Barreras habla de dar un debate internacional sobre la despenalización, algo muy importante siempre y cuando no se quede en abstracto, pues mientras los presidentes dan lora en los congresos el consumo se mantiene como un complejo problema de salud que no desaparecerá con ignorarlo y muchísimo menos con prohibirlo. Santos acaba de sancionar la primera ley que reconoce la adicción a SPA como un asunto de salud pública y garantiza los derechos de los adictos a ser tratados como enfermos, no como delincuentes, y a pedir de manera voluntaria la ayuda del Estado. Los Camad son la primera propuesta para materializar ese tipo de ayuda, pero exigen que nos libremos de prejuicios, nos miremos al espejo y demos el primer paso de rigor, tanto los adictos a las sustancias como muchos colombianos adictos a las mentiras: admitir que tenemos un problema.