Más allá de las normas

Éstas deben ser acatadas por todos, y su incumplimiento o violación deben ir acompañados de sanciones. Sin embargo, en ocasiones se espera que algunas personas, en razón a su posición o a las funciones que desempeñan, vayan más allá de los textos de las leyes. Es decir, que no se limiten a su estricto cumplimiento, sino que con sus comportamientos y actuaciones se sometan además a lo que se conoce como el “espíritu” de las normas.

Esto es particularmente cierto para quienes ocupan cargos públicos, sin importar si fueron nombrados, si accedieron a ellos por méritos o si fueron elegidos. En todos estos casos toman o tienen incidencia en decisiones que afectan bienes, servicios y recursos públicos, que como tales nos pertenecen a todos, y por ello deben rendir cuentas de sus acciones o de sus omisiones.

Algunos hechos sucedidos en los últimos días ilustran esto. Con ocasión de la elección del secretario general del Senado de la República, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos pidieron al presidente de la Corporación que esta fuera nominal y pública. Es decir, a la vista de todos. No obstante, finalmente ésta no fue nominal y los congresistas terminaron votando de acuerdo con las directrices de sus partidos y acogiéndose a acuerdos pactados previamente.

Si bien el Consejo de Estado anuló hace unos años la elección del secretario general de la Cámara de Representantes y más recientemente la de los magistrados del Consejo Nacional Electoral por considerar que al no votar nominal y públicamente los congresistas violaron la ley de bancadas, en esta ocasión los parlamentarios optaron por mantener secreto su voto. En momentos en los que la imagen del Congreso está en uno de sus niveles más bajos, cuando se iba a elegir al reemplazo del saliente y polémico secretario del Senado, quien estuvo en el ojo del huracán por su papel en la aprobación de la fallida reforma a la justicia, ¿por qué insistir en el secretismo? ¿Va a pasar lo mismo con las próximas elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Constitucional, del defensor del Pueblo y del procurador?

El otro hecho tiene que ver con información relacionada con los contratos de una empresa familiar del ministro de Transporte con el Estado. Aun si lo afirmado por el funcionario en el sentido de que esta empresa fue vendida cuando asumió como consejero presidencial de la anterior administración es cierto, y que la figura de la retroventa de su empresa es legal, ¿es ético este comportamiento? ¿O acaso el estar tan cerca del poder no constituye una ventaja comparativa frente a otras empresas que pueden prestar servicios similares?

Los funcionarios públicos tienen responsabilidades y obligaciones legales derivadas de sus cargos y hay instancias encargadas de vigilar su cumplimiento. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con los ciudadanos del común, aquellos también tienen responsabilidades políticas que en muchas ocasiones deben ir más allá de las normas.