Otro parque privatizado

Una demanda para que devolviera el predio duró 32 años en un juzgado que recientemente la revivió para declararla inconducente. Colsubsidio adquirió la construcción de interés cultural y el predio para establecer su colegio, conociendo que estaba en medio de un lío legal, o sea a bajo precio.

El 28 de diciembre de 2007 Fernando Rojas, secretario de Planeación del alcalde Luis Eduardo Garzón, tres días antes de terminar su mandato, cambió el uso del suelo del colegio usurpador para que se pudiera edificar allí un conjunto residencial, aduciendo que ese uso dotacional no tenía carácter permanente. En 2010 Colsubsidio se asoció con la organización Pedro Gómez, quien solicitó licencia a la curadora urbana N° 4, Nohora Cortés Cuéllar, para edificar tres torres de ocho pisos, a pesar de que las normas prohíben tal altura en un perímetro de 500 metros alrededor de la carrera séptima. El parque está a sólo 180 metros de la arteria vial.

Los vecinos solicitan la intervención de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, que presenta varias objeciones a la licencia: el proyecto contraría el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, apropia “un bien de uso público de 1.156 metros cuadrados”, hace demoler un bien de interés cultural (hecho cumplido), se superan las alturas permitidas, las tres torres no cuentan con aislamientos entre ellas y los sótanos se hacen contrariando las normas, de tal manera que el “30% del área total sería ilegal”. No obstante, la licencia es graciosamente concedida.

Los vecinos interponen entonces una tutela que ganan en dos instancias, pero misteriosamente y sin jurisprudencia alguna que la respalde, la Corte Constitucional la acoge para fallarla en última instancia. El litigante que defiende a Pedro Gómez y Colsubsidio es el exmagistrado de la misma Corte Manuel José Cepeda, conocido por haber sido el ponente de la primera reelección de Álvaro Uribe. Se le recuerda por su célebre afirmación de que el cambio en la Constitución causado no afectaba el equilibrio entre los poderes públicos.

Las cajas de compensación familiar constituyen una figura extraña inventada por gobiernos conservadores, mediante la cual se concede a una figura cercana al régimen una lluvia de contribuciones de los trabajadores de las empresas que deben afiliarse por ley a ellas. Las cajas entonces destinan recursos a establecer almacenes, colegios, clubes y hoteles, más adelante se tornan en prestadoras de salud y recaudadoras de las contribuciones a la salud y a las pensiones. Aunque administran recursos públicos, no son vigiladas por la Contraloría General de la Nación, sino por una débil Superintendencia.

Las cajas han fracasado en sus aventuras comerciales, pero los lotes y las construcciones de todas sus actividades se van valorizando en la medida en que la tierra en Bogotá se hace cada vez más escasa. Colsubsidio cuenta con tres colegios propios y ahora se hace evidente que puede acceder adicionalmente a la plusvalía urbana, contra su presunta vocación de fundación sin ánimo de lucro.

En el caso de Patiasao, se intenta construir sobre la base de venta de $10 millones el metro cuadrado terminado y Colsubsidio puede recibir unos $3.000 millones por un predio que algún día fue de todos los ciudadanos de Bogotá. La Corte Constitucional tiene la palabra.