Olga Lucía Gaitán

Es sabido que las ternas para altos cargos se conforman con distintos propósitos. A veces el Gobierno desea que uno solo sea elegible y lanza su nombre acompañado de dos nombres más que no llenan los requisitos o no poseen la misma importancia. A veces los tres de la terna son ilustres. En ocasiones se incluyen personajes solamente para hacerles un homenaje. Esta es la primera vez que un gobierno, gracias al perspicaz ingenio de Juan Manuel Santos, utiliza la terna para someter a sanción social un nombre y de paso subrayar que la ternada no tiene méritos para ser elegida.

Olga Lucía Gaitán es una de las más híspidas y repelentes funcionarias que me haya correspondido en mala hora conocer en muchos años de tratar a funcionarios públicos. Si hubiera empleado su belicosidad y su terquedad contra los empleados públicos que se enriquecen en sus cargos, su nombre habría trascendido favorablemente a la opinión pública. Gaitán fue hace 20 años jefe de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría y era la encargada de investigar el enriquecimiento ilícito de los empleados estatales. Sostenía que los expedientes por enriquecimiento ilícito tenían reserva penal. Cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijo que no era así y ordenó en una sentencia de tutela que fueran públicos, la señora Gaitán exigió que por cada expediente consultado se firmara un acta reconociendo que los documentos sí eran reservados. Una arbitrariedad y un desacato a una sentencia judicial que en la práctica hicieron imposible la consulta. Fue esa funcionaria la artífice del secreto total sobre 800 expedientes por enriquecimiento ilícito, apoyada por el entonces procurador Carlos Gustavo Arrieta Padilla. Con su ilegal altanería, la señora Gaitán demostró que le importaba una higa el principio sentado en una añeja sentencia de Carlos Galindo Pinilla, magistrado del Consejo de Estado: “Sólo mediante la publicidad de las actuaciones de los funcionarios estatales se hace posible el control que la opinión pública tiene derecho a ejercer sobre sus gobernantes”.

Es la primera vez que el jefe del Estado emplea la facultad constitucional de presentar ternas al Congreso como herramienta para reprobar a una persona indigna de volver a ejercer cargos públicos, propiciando así que se revivan públicamente actuaciones contrarias a la ley y al interés general. La estrategia es realmente de mano maestra, pues el señor presidente sabe de sobra que el Congreso no elegiría a Mrs. Gaitán por un motivo extra: trabaja en la AID, una agencia norteamericana, y por ende es empleada de un gobierno extranjero. Por lo demás, su arrogancia personal haría que los desplazados y las víctimas del conflicto social colombiano prefirieran buscar apoyo en las bacrim, antes que en la Defensoría del Pueblo. Comparando personajes, José Obdulio Gaviria es Bambi.

A veces los periodistas se lamentan de que no vale la pena denunciar a los funcionarios oficiales, pues siempre se caen de para arriba. Santos ha demostrado que su gobierno no solamente no chuza los teléfonos de los opositores, como lo hacía el anterior, sino que es sensible a los señalamientos que los periodistas han hecho contra desacreditados personajes que fueron indignos de la función pública, aun tratándose de sucesos acaecidos hace dos decenios. ¿Gaitán para defensor del pueblo? Jorge Eliécer Gaitán sí, siempre. La otra no. Ya comprobó ser enemiga jurada del interés público.