Falso positivo de la Fiscalía

MUY MAL PARADOS QUEDAN LA FIScalía y el fiscal Eduardo Montealegre en el caso de Sigifredo López, que ilustra muy bien eso de disparar primero y preguntar después. La presunción de inocencia fue letra muerta para el exdiputado del Valle, doblemente víctima: de las Farc y de la Fiscalía. De poco o nada sirve la cascada de declaraciones que dio el fiscal general para intentar explicar o justificar la descomunal metida de pata. Y aunque no es el responsable directo de ese falso positivo, fue él quien, de cierta manera, abonó el camino para el segundo infierno que viviría el político valluno, cuando en una entrevista con Yamid Amat para El Tiempo no solo anunció pronunciamientos sobre “importantes políticos” que estarían comprometidos con las Farc, sino que advirtió: “El país se estremecerá”.

Y el país se estremeció, pues el caso desafiaba la lógica y el sentido común. Por eso cuando López fue detenido con base en un video a todas luces frágil como prueba, y en contravía de testimonios que lo exoneraban, surgieron dudas sobre la solidez de la investigación, que aumentaron cuando el FBI desvirtuó la supuesta prueba reina y el fiscal 38, encargado de la investigación, en lugar de dejarlo en libertad buscó testimonios de guerrilleros desmovilizados, cuya confiabilidad estaba en entredicho, y a sabiendas de que a la sombra de la Ley de Justicia y Paz han surgido intermediarios para medrar en los procesos y testigos falsos dispuestos a enlodar investigados a cambio de beneficios jurídicos y/o económicos.

No fue la diligencia de la justicia la que brilló, como dijo el fiscal general cuando anunció que López quedaba en libertad. Fue todo lo contrario: la ligereza. Dada la sensibilidad y el alcance mediático del caso, para el fiscal 38 era imperativo actuar con especial rigor para establecer si los testigos tenían o no un interés legítimo en revelar la verdad, lo que al parecer no hizo. Y el fiscal general —que por algo pasó la investigación a manos de otro fiscal— estaba obligado a no soltar los hilos del proceso, a marcarle el paso a su subalterno. Al fin y al cabo, Montealegre conoce las dificultades que presenta el sistema acusatorio, ajeno a nuestras tradiciones jurídicas y aún en proceso de maduración. Lo dejó en claro al asumir el cargo y al destacar, entre los muchos problemas, las marcadas diferencias de criterio de fiscales y jueces en la interpretación del modelo, deficiencias en las técnicas de investigación y el hecho de que las investigaciones —sobre todo las que se adelantan en el marco de la Ley de Justicia y Paz— dependen básicamente de las pruebas testimoniales, que son las más frágiles a juicios de los penalistas.

El caso de Sigifredo López es un botón de muestra de esos problemas. Un falso positivo de la Fiscalía que contribuye a deteriorar aun más la ya precaria confianza de la gente en el sistema judicial, cuya imagen negativa alcanza el 70%, según la encuesta Gallup de junio. Que sirva entonces la lección para que el fiscal Montealegre haga realidad el revolcón que anunció cuando llegó a la Fiscalía. Podría empezar por poner en marcha la investigación sobre el carrusel de los falsos testigos que ordenó la Corte Suprema y que lleva casi un año hibernando.