La reversión de Cerro Matoso

La empresa negocia sigilosamente con el Gobierno para extender su explotación hasta 2029, algo que el ministro Mauricio Cárdenas da como un hecho cumplido.

La prórroga es inconveniente para los intereses de la Nación y así lo estableció Ingeominas en el 2010, lo que llevó a la destitución de su director y a la renuncia de un alto funcionario, José Neiza. Los bienes que debían revertir al país pasan a ser arrendados en el nuevo contrato a la misma empresa mediante un canon de sólo 1,25% sobre la ganancia neta semestral, después de impuestos y regalías. El ingreso para el Gobierno no sólo será pequeño sino dependiente de la contabilidad de la empresa, que le es imposible verificar.

Un estudio independiente aduce que un mínimo de 4,8% de las ganancias operacionales, que no netas, para el Gobierno sería  conveniente. El concepto viene siendo apoyado por la Contraloría General de la Nación y recientemente la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se manifestó en contra de la renovación del contrato.

La empresa tiene un triste historial en materia tributaria. En 2010 pagó $35.300 millones después de un proceso de conciliación con Ingeominas en torno al pago de las regalías, pues había inflado sus costos; de todas maneras, dejó de pagar una buena parte de ellas, según un analista independiente. Las regalías fueron de sólo el 8% del valor del mineral en boca de mina, a pesar de que desde 1994 la ley las había elevado al 12%. Este valor sólo comenzó a ser reconocido de 2005 en adelante, pero se evadió por más de una década.

Inversiones a las que estaba obligada la empresa mediante el contrato inicial, como carreteras, ramales, embarcaderos, aeropuerto, acueducto, alcantarillado y planta de purificación, hospital, escuelas de primaria y viviendas para los trabajadores, son presentadas como gastos en responsabilidad social de la empresa y mostrados en un vistoso comercial que se pasa por televisión con mucha frecuencia.

Tales inversiones son asumidas por una Fundación San Isidro y son sospechosamente descontadas del impuesto de renta que debe abonar al fisco la Billiton. Una parte de las regalías es también deducida del impuesto a la renta, de tal modo que los contribuyentes terminamos haciéndole una trasferencia a las autoridades de Córdoba.

La corrupción local ha sido de tal magnitud que ha disipado las regalías que poco han afectado los abismales índices de calidad de vida de la población de Córdoba: la mortalidad infantil del departamento es el doble de la nacional y las necesidades básicas no satisfechas han mejorado muy levemente entre 1993 y 2005 en el departamento, incluso en Montelíbano. Hay incluso evidencia de envenenamiento de fuentes de agua que ha afectado negativamente la salud de la población.

El contrato debe ser liquidado y otorgado mediante licitación pública para que el país participe adecuadamente en la renta de sus recursos naturales, con participación variable según los precios internacionales. Debe facilitarse el montaje de industrias que utilicen el níquel como insumo y profundizar así el desarrollo económico del país; ahora sólo exportamos materia prima sin procesar. Es la única manera de que disfrutemos de “la bendición de los recursos naturales”.

* Datos tomados de un documento de Álvaro Pardo, de Colombia Punto Medio.