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Opinión |23 Ago 2012 - 11:32 pm
Ley estatutaria para la salud
Por: Fernando Galindo G.
El foro institucional 'Aportes para una ley estatutaria de la salud', convocado por el Senado de la República el 16 de agosto pasado, con la participación de diversos actores del sector, inició la discusión sobre los proyectos de ley que buscan elaborar el derecho fundamental a la salud, consagrado en varios artículos de la Constitución Política.
El país vigilará minuciosamente el trámite que el Congreso le dé a este marco jurídico, cuyo resultado debe favorecer la solución definitiva de los conflictos de interés originados en la Ley 100 de 1993.
La Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 presentó el proyecto PLES (Proyecto de Ley Estatutaria en Salud y Seguridad Social), fruto del trabajo de más de dos años de diversas organizaciones de la sociedad civil funcionalmente organizada, sintetizado en un manuscrito que identifica la autoría de la mencionada comisión.
El articulado contiene el reconocimiento efectivo de la salud como un derecho humano fundamental, y no como un negocio; caracteriza al Estado como responsable de dicho derecho, para respetarlo, protegerlo y garantizarlo; define la atención integral a la salud, con visión de salud pública en promoción y prevención de la misma; reconoce las diferencias regionales, culturales, etáreas y de género de la población, y las implicaciones de esas diversidades; elimina la intermediación financiera con ánimo de lucro, pero favoreciendo simultáneamente el espacio a la participación del sector privado; formula la creación de un sistema único de seguridad social en salud y el financiamiento público, con un fondo nutrido por aportes fiscales y parafiscales y una central única de recaudo; auspicia la participación social en la formulación de las políticas, en el funcionamiento, vigilancia, veeduría y evaluación del sistema.
Concibe que el carácter esencialmente intersectorial de la salud obliga a la coherencia de las políticas económicas, fiscales, educativas, de vivienda, empleo, tierras, alimentación, información, ciencia y tecnología, entre otras. Esta interacción sectorial proyecta a la salud como una verdadera política de Estado, cimentada en el criterio de vida digna y saludable para todos los ciudadanos. Es una percepción profundamente humanitaria, como que está centrada precisamente en el ser humano en cada una de sus circunstancias, aunque su formulación y reglamentación sean de alta complejidad.
Los legisladores, si pretenden marcar una diferencia histórica en la elaboración de las leyes, deberían inspirarse en esta concepción humanitaria de la sociedad y de los diversos contratos que ordenan la convivencia e identifican la nacionalidad: Colombia, país de población digna y saludable.
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