Opinión |31 Ago 2012 - 10:00 pm
Economía y Farc
Por: José Roberto Acosta
Ahora resulta que poner en discusión temas como la universalización de la salud y educación; la concentración en la tenencia de la tierra; la explotación minera sostenible y la progresividad tributaria, es poner de rodillas a la Nación, es negociar las libertades de mercado y propiedad privada y hasta de expresión. Por favor, bájenle a la hipocresía.
Cierto, las FARC han hecho mucho daño a Colombia, y uno de los peores es “legitimar” a los defensores del statu quo por etiquetar cualquier crítica a nuestra ofensiva inequidad económica como un reclamo del terrorismo. Pero el debate en este frente es planetario. Por ejemplo, el magnate W. Buffet exige que los ricos paguen más impuestos en Estados Unidos, al tiempo que en ese país se debate sobre la calidad y cobertura del derecho a la salud en fuerte lucha por la Presidencia. En nuestra región regímenes neoliberales como el de Chile someten a fuerte crítica de base a su excluyente sistema educativo y en Brasil se prohíbe que extranjeros compren más tierras porque, además de concentrar su propiedad, están colonizando el país a punta de chequera.
Extraña que ahora, quienes mediante artimañas y manoseo de la Ley han salido impunes en delitos de cuello blanco, se rasguen las vestiduras por el hecho de que se considere algún grado de impunidad a los delitos de las FARC, las cuales creo que, si no aprovechan esta oportunidad para desmovilizarse en armas, verán como el cáncer del narcotráfico les seguirá carcomiendo el casi nulo espíritu de reivindicación político que les queda.
Ahora algunos “adalides de la moral” sí creen en nuestro cuestionado Congreso y, después de humillarlo, consideran que ninguna de las reformas económicas estructurales que necesita la Nación puede salir de los embrionarios diálogos de paz propuestos, sino de nuestro deslegitimado órgano de representación político. Para unas sí y para otras no. Con paramilitares vale, pero con guerrilleros no. Que insoportable ambivalencia.
Pedir que no se toque la supuesta “confianza inversionista” no es más que un chantaje. Los hechos son los radicales y estos suplican cambios, ya sean tramitados en Oslo, el Congreso o en una Constituyente. Si no se discuten se imponen, la pregunta es ¿Por quienes? Ojalá el miedo no siga siendo el que manda.
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