Arma de doble filo

A cambio de declararse culpable en Estados Unidos de un crimen “menor” al narcotráfico —dar apoyo y recursos a los paramilitares (clasificados como terroristas)— y de cooperar con la justicia de ese país, Santoyo pagará una pena menor, se quedará con buena parte de los US$5 millones que recibió en sobornos y se residenciará en Miami. Como el proceso del plea bargaining consiste en confesar y delatar hacia arriba, es de esperar que otros miembros de la Fuerza Pública y políticos de alto nivel terminen salpicados.

Sumado a otros “buenos muchachos” como Jorge Noguera y Rito Alejo del Río, defendidos vehementemente por Álvaro Uribe, y familiares cercanos suyos vinculados al paramilitarismo y el narcotráfico, Santoyo —a quien ascendió a general, elogió, premió con un puesto diplomático en Italia y condecoró— es una culebra entre los tres huevitos del exmandatario. Ante un escándalo de tal magnitud que ya cruzó fronteras, poco efectiva es la uribiada “que me investiguen”, que con cierto éxito ha empleado en Colombia. Más bien, como los potenciales saboteadores de la paz —uno de los riesgos centrales que enfrenta la negociación con la guerrilla— están siendo encabezados por Uribe, políticos afines y militares descontentos, paradójicamente, la sombra de Santoyo puede tener el efecto de anularlos.

Se trata, sin embargo, de un arma de doble filo. Primero, porque queda por esclarecerse la responsabilidad política detrás de este bochornoso episodio, de la cual el presidente Santos no está exento. Fue por decreto suyo, firmado en su calidad de ministro de Defensa, que el exjefe de seguridad de la Casa de Nariño fue reintegrado a la Policía, después de haber sido destituido e inhabilitado por la Procuraduría. Y también ocurrió bajo sus narices la promoción de Santoyo a general, sin ninguna objeción de su despacho y con escasa protesta de la Comisión Segunda del Senado.

Segundo, porque construir una paz genuina en Colombia será imposible mientras los demás Santoyo no se depuren de las instituciones del Estado y la lógica de la “excepción” no se elimine de sus prácticas cotidianas. Pese al discurso oficial de que se trata de una sola “manzana podrida” —afirmación que solía repetir George W. Bush para justificar las torturas en Abu Ghraib—, este caso ejemplifica un patrón generalizado de corrupción y criminalidad acentuado durante la última década en el país.

Tercero, y sobre todo, porque el problema del narcotráfico plantea obstáculos considerables para el diálogo político. Entre ellos el papel de los Estados Unidos. Hechos como la extradición de los líderes paramilitares y el acuerdo con Santoyo muestran que el Gobierno y la justicia estadounidense están interesados primordialmente en la lucha contra las drogas ilícitas, no en los crímenes de lesa humanidad ni en la paz. Cómo negociar sobre este asunto sin interferencias negativas y cómo blindar el proceso, por ejemplo, contra futuras solicitudes de extradición de miembros de las Farc, son preguntas espinosas que aún quedan por esclarecerse.