Opinión |7 Sep 2012 - 9:45 pm
¿DMG, nuevamente?
Por: José Roberto Acosta
La Superfinanciera ha alertado sobre sociedades que, en forma masiva y habitual, han estado captando dineros del público sin su autorización, tales como Préstamos Inmediatos; Credimorales y Finamérica S.A. Esta última es distinta a Financiera América S.A., C.F.C., la cual sí está bajo supervisión de la entidad gubernamental.
Por si fuera poco, también ha llamado la atención sobre un incremento sustancial en el número de ofertas públicas de acciones por varias sociedades, sin contar con su previa autorización, lo que implica también una captación ilegal de recursos públicos. Y no se está refiriendo a las múltiples ofertas del último año y que dieron pérdidas a los inversionistas en la Bolsa de Valores Colombia.
En el primer caso, el incauto inversionista entrega su dinero bajo la modalidad de préstamo, creyendo que por cuenta de un papel se le garantiza la devolución de sus recursos. En el segundo caso, entrega su dinero bajo la modalidad de socio, comprando una parte de una empresa, creyendo que la empresa será rentable o existirá en el futuro. En los dos casos, al no tener vigilancia, las supuestas garantías que respaldan el negocio tal vez ni existan.
Lo peor es que lo denunciado por la Superfinanciera es apenas la punta de iceberg. Después de que por muchos años las tasas de interés estuvieron muy por encima del 10% anual en títulos sin riesgo crediticio, como los TES del Gobierno, hoy día apenas si llegan al 6,5% anual y con plazos a más de diez años y, en momentos como los actuales, en que a nivel planetario los bancos centrales han bajado sus tasas de interés a mínimos históricos cercanos al cero, los inversionistas tienden a ser atraídos por cantos de sirena que les ofrecen rentabilidades muy superiores, sin considerar el riesgo implícito de esas alternativas.
Se hace necesaria una mayor difusión de este tipo de captaciones irregulares, así como una actitud más policiva de la Superfinanciera. Adicionalmente, en el mercado regulado se necesita un más acucioso seguimiento a emisores que no sólo reportan información difusa de sus operaciones, sino que la omiten, como es el caso de empresas extranjeras que no informan sobre su composición accionaria. Ojalá no llegue tarde la acción del Estado, como pasó en el nefasto caso de DMG.
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