Opinión |9 Sep 2012 - 11:00 pm
Mentiras comunitarias
Por: Juan Carlos Gómez
El bienintencionado senador Juan Manuel Galán se viene ahora con un proyecto de ley con el fin de modificar el actual régimen de radio comunitaria.
Salvo algunas excepciones, la actual legislación sobre radio comunitaria —al igual que la de televisión comunitaria— es un parapeto que utilizan los indeseables para evadir el ordenamiento jurídico y aprovechar indebidamente el reconocimiento y la protección que, afortunadamente, nuestra Constitución Política les da a las comunidades organizadas, asociaciones de la sociedad civil.
El proyecto de ley del senador Galán contiene al menos dos aspectos que tienen que ser objeto de un juicioso examen por parte de la opinión pública antes de que el Congreso se apresure a aprobarlos.
En primer lugar, el proyecto obliga a que por lo menos el 33% del presupuesto público de publicidad o propaganda en radio de las entidades públicas —a nivel nacional, departamental, municipal y distrital— se destine a la radio comunitaria. A quien se le ocurrió semejante despropósito parece desconocer que la inversión publicitaria no es una limosna que las entidades públicas le entregan a la radio. Quien invierte en publicidad lo hace en función de la audiencia que alcanzan los diferentes medios y busca alcanzar la mayor audiencia posible. Obligar por que sí a anunciar en la radio comunitaria causaría un enorme perjuicio a las empresas públicas.
En segundo lugar, el proyecto permite que las emisoras comunitarias se encadenen, lo cual desconoce su valor local, que se supone es su razón de ser. La justificación de la radio comunitaria es que se adecúe a las necesidades locales y comunitarias para las cuales fue instituida.
Los colombianos tenemos el derecho de conocer la realidad de la radio comunitaria. El narcotráfico, la guerrilla y los políticos no pueden seguir sirviéndose de la radio comunitaria y despojarla de su verdadera vocación democrática y pluralista.
Muchos proyectos legislativos están llenos de buenas intenciones. Lo grave es que cuando se convierten en ley generan daños enormes e irreversibles. En materia de telecomunicaciones y medios de comunicación hay muchos ejemplos, como se demostró con la Ley de Televisión expedida hace apenas siete meses.
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