Debate sobre la justicia

Instalado por su presidente Marco Gerardo Monroy Cabra, el evento se cumplió con altura académica. Durante todo el día ex ministros, ex magistrados, ex senadores, ex jueces, abogados y docentes universitarios, desprovistos todos de cualquier interés personal frente al tema, debatieron sobre la situación de la justicia en Colombia, analizaron las razones de su crisis y formularon algunas soluciones.

En torno a la independencia judicial los ex magistrados Fernando Arboleda Ripoll y Hernando Yepes Arcila debatieron tesis controversiales. ¿La independencia judicial supone límites al Congreso para modificar el contenido de una propuesta de reforma con iniciativa en las Cortes? Ahora bien, la autonomía presupuestal de la rama también debe tener límites: ¿no sería conveniente abstenerse de asignarle nuevos recursos, hasta tanto la rama demuestre que aprendió a administrarlos bien?

La crisis que acusa la administración de justicia se volvió crónica. El ex ministro Jaime Castro recordó la ‘pequeña constituyente’ del presidente Lopez Michelsen, para quien el tema debía manejarse con total independencia de los intereses que giran alrededor del funcionamiento de los poderes constituidos. Su intento naufragó porque la propia Corte Suprema de Justicia declaró inexequible el acto convocatorio. Ahora, deslegitimado como está el Congreso, con mayor razón debe acudirse a una Constituyente, pues las reformas que se refieren a la estructura constitucional de la justicia resultan prioritarias.

En este país una reforma estructural a la justicia debe comenzar por las altas Cortes, de la misma manera que una reforma política debe empezar por el Congreso. No es en los juzgados promiscuos ni en los concejos locales donde se registran las más grandes falencias. La nominación de los magistrados, las competencias de las altas Cortes, su cúpula múltiple, en fin, no son de poca monta los aspectos que deben cambiarse en un país cuyos más altos tribunales de justicia parecen confundir, a menudo, la defensa del derecho con la del statu quo.

La aprensión creciente entre las ramas del poder público en este último tiempo no sólo obedece a fallas del ejecutivo. También se debe a que los voceros de las altas Cortes suelen resistirse a las reformas, aunque son incapaces de resistirse a la tentación de la democracia mediática. Privilegian los medios para expresarse, por encima no sólo de sus providencias sino de la prudencia misma, propia de su investidura. Esa no es una buena forma de acompañar a la administración de la justicia.

Los profesores universitarios Rodrigo Uprimny Yepes, director del Centro de Estudios ‘De Justica’ y María Cristina Gómez Isaza, directora de la Escuela Judicial ‘Rodrigo Lara Bonilla’ se destacaron en su examen sobre el tema del acceso a la justicia y sobre la necesidad de consolidar una cultura democrática, sin la cual no funciona cabalmente un estado social de derecho. Pero fueron cerca de veinte los académicos que aportaron su concurso intelectual al foro, cuyos desarrollos enaltecen a la Corporación que lo convocó y contribuyen a despejar el brumoso horizonte de la justicia en Colombia.

Ex senador, profesor universitario. atm@cidan.net