Por: Nicolás Uribe Rueda

Pico y Placa etario

La administración Distrital de Bogotá ha decidido decretar el toque de queda, para que a partir de las once de la noche y hasta las seis de la mañana de este viernes y sábado de Amor y Amistad no haya menores en las calles.

La Alcaldía argumenta que este es uno de los fines de semana más peligrosos del año y que, por ello, su obligación es la de tomar todas las precauciones para proteger de esta amenaza a los más jóvenes. Cali se ha unido a la medida y también aplica ya todo el repertorio de ocurrencias restrictivas que se han convertido en la solución más aplaudida de las administraciones municipales y distritales para combatir la delincuencia: toque de queda para menores, restricciones selectivas para la venta de alcohol y prohibición de porte de armas legales.

Nadie puede discutir la buena intención de las administraciones a la hora de impulsar estas medidas. Sin embargo, son poco eficaces, distraen a las autoridades del cumplimiento de sus deberes y encaminan al Estado por el rumbo de las soluciones facilistas que en nada mejoran la vida de los ciudadanos.

En primer lugar, vale la pena mencionar que el toque de queda para menores de edad trastorna principios generales del Estado de derecho. Los ciudadanos de bien están en libertad para ejercer su derecho de locomoción como mejor les parezca, salvo en circunstancias excepcionales en donde las limitaciones son justificadas y proporcionales al peligro. Por tanto, ordenar que determinado grupo poblacional no pueda salir de su casa, argumentando que tradicionalmente en fechas de celebración aumenta la violencia, es francamente un esperpento. La previsibilidad del hecho y la cotidianidad del mismo hacen que una medida excepcional de restricción de libertades sea injustificable. Además resulta violatoria del principio de igualdad: ¿acaso no se ha percatado la administración distrital de que otros grupos poblacionales tienen tasas mucho más altas de homicidio por cada cien mil habitantes (el doble), como sucede por ejemplo entre personas de los 25 a los 29 años de edad?

Es incomprensible, además, que la administración de Bogotá destine quince mil policías a la tarea de remplazar cientos de miles de papás en las tareas del hogar. Ciudades como las nuestras, en donde el déficit policial es una de las principales dificultades de las administraciones locales, la Policía debe estar concentrada en la lucha contra la delincuencia y no en la persecución de menores infractores en el marco del nuevo Pico y Placa etario que seguramente se repetirá en otras ocasiones y fechas especiales.

Pero, sobre todo, este tipo de medidas efectistas son un indicador de la desorientación de las ciudades y sus gobiernos en materia de política de seguridad. La dinámica de la violencia en las ciudades requiere mucha más creatividad y seriedad a la hora de implementar estrategias para su combate. La conflictividad social no se resuelve guardando a la gente en su casa, sino implementando mecanismos de solución de controversias, aumentando la presencia y la inteligencia policial, interviniendo el espacio público y coordinando acciones institucionales, entre muchas otras cosas.

Finalmente, ya sabemos por experiencias del pasado lo que significan este tipo de medidas restrictivas. Son la política de seguridad para quienes lamentablemente no tienen ninguna.

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