El procurador y los pecados capitales

Dos períodos de un mismo presidente han permitido que las altas cortes entren a ser empacadas de magistrados de inclinación muy conservadora. El proceso ha sido liderado por un procurador que sigue los principios ultracatólicos del lefebvrismo, un movimiento fundamentalista que está a la derecha del Vaticano. Ordóñez ha intercambiado puestos y favores para que los magistrados lo ternen y los políticos salgan a reelegirlo.

Tanto los magistrados como los políticos que apoyan la reelección del procurador incurren en serio conflicto de intereses, o sea, en corrupción, cuando intercambian favores para perpetuar a este funcionario que ha burlado sistemáticamente la Carta Política. Es obvio que el procurador incurre en prevaricato. Mediante su acción, han sido vulnerados los derechos de las mujeres y de las minorías de orientación sexual distinta a la suya. Le parece que el control del cuerpo de las mujeres es pecado capital, mas no lo son el crimen organizado ni el clientelismo.

Ordóñez ha sido adalid de la persecución contra la izquierda; así, logró destituir a Piedad Córdoba con argumentos legales deleznables. A pesar de que Gustavo Petro lo apoyara para su primera elección, el procurador busca separar de sus cargos a varios de los funcionarios de su alcaldía.

Ha atacado también al centro político: hizo apartar de la vida pública a Alonso Salazar por 12 años, bajo cargo de intervenir en la política electoral al denunciar a un candidato a la Alcaldía de Medellín por vínculos con las mafias de la ciudad; ahora va tras Sergio Fajardo por criticar en su Libro blanco al gobernador anterior de Antioquia, político de orientación ideológica muy cercana a la del procurador.

La Corte Constitucional señaló claramente que la Procuraduría había mentido y obstaculizado de manera abierta y desafiante su autoridad en materia de aborto y de salud reproductiva, o sea que subvierte el orden jurídico que nos rige, perjudicando a cientos de miles de mujeres a quienes se les obliga a actuar en contra de sus intereses fundamentales. No tiene presentación que el funcionario encargado de vigilar la conducta e integridad de todos los funcionarios públicos desafíe a la Corte de última instancia del país y ande destituyendo y castigando a sus opositores políticos e ideológicos.

Frente al proceso de paz iniciado por el presidente Santos, el procurador Ordóñez se declaró escéptico. Ello puede tener implicaciones explosivas para el delicado proceso de negociación que apenas se inicia. ¿Qué tal que el procurador les abra procesos disciplinarios a los funcionarios encargados de hablar con la guerrilla? ¿Qué tal que emita conceptos negativos sobre la posibilidad de que los reinsertados participen en política?

Por las razones expuestas, ningún partido que actúe con un mínimo de decencia puede votar por el procurador, mucho menos el Partido Liberal, que supuestamente defiende la libertad de todos los ciudadanos y de las mujeres. Los congresistas del Partido de la U y los buenos conservadores deben oponerse también sin miedo a los abusos de poder del procurador. El Polo, los verdes y progresistas seguramente no votarán por un funcionario despótico y perseguidor de sus idearios políticos.

El presidente mismo no debe permitir que el jefe del Ministerio Público, una posición demasiado poderosa dentro del Estado, se convierta en enemigo frontal de la paz.