Malas noticias: armas y más armas

Para la época, la violencia en nuestra sociedad nos indujo a identificar a las armas pequeñas y ligeras como elementos devastadores del tejido social. Ellas debilitan la institucionalidad democrática, reducen el Estado de Derecho, contribuyen a la violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, impiden la construcción de consensos, perpetúan los conflictos e inhiben la negociación, propician la comisión de delitos de lesa humanidad, como el secuestro y el reclutamiento de menores; alimentan al crimen organizado y destruyen las mínimas transacciones que caracterizan las bases de la convivencia.

La conferencia se llevó a cabo en julio de 2001 y logró la aprobación de un plan de acción, un compromiso político —no vinculante— que suministra elementos comunes y espacio de cooperación internacional para enfrentar el fenómeno. Sin embargo, la expectativa de la comunidad internacional ha sido la de procurarse un tratado internacional global que obligue a los estados a ordenar, controlar y reducir el tráfico de armas convencionales, incluyendo las pequeñas y ligeras. Hoy, estas últimas causan más víctimas por año que las que dejaron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.

Desafortunadamente el esfuerzo que hizo la ONU para lanzar la negociación de un tratado, bajo la dirección del embajador argentino Roberto García Moritán, fracasó. Las razones que impidieron el consenso ilustran la problemática: los países no se pusieron de acuerdo en prohibir las transferencias de armas a actores no estatales, llámense guerrillas o grupos de autodefensas. Tampoco en establecer más restricciones y controles a la tenencia de armas por parte de civiles porque, para algunos, armarse es un derecho, no una concesión del Estado (caso Estados Unidos).

Asimismo, no hubo acuerdo en incluir las municiones en el tratado; en incluir el concepto de violencia de género, pues éste resulta para algunos vago e indefinido y por eso piden que se reemplace por ‘violencia contra las mujeres’, como lo pidieron Egipto, Irán, Sudán del Sur y la Santa Sede; y finalmente, tampoco se pusieron de acuerdo sobre la participación en la Conferencia de Organizaciones Internacionales como la Unión Europea.

Semejante experiencia nos indica el camino a seguir: Colombia debe focalizar sus esfuerzos a nivel hemisférico, regional, nacional y local, donde hay instrumentos y consensos consolidados. En nuestras ciudades se puede hacer mucho más trabajando proactivamente en desarme y aprovechando la cooperación internacional. A nivel global, en el contexto de la ONU, debemos redoblar los esfuerzos para mantener el tema como una prioridad en la agenda, conservar los procesos ya acordados e insistir en compromisos jurídicamente vinculantes.

En la actual coyuntura los avances hacia una política pública de desarme pueden convertirse en un importante elemento en la consecución de la paz y en la viabilidad del posconflicto.

*Camilo Reyes Rodríguez