El poder del procurador: la Biblia y la nómina

Habilidosa porque si bien se ajustó formalmente a las exigencias del fallo, Ordóñez no dio su brazo a torcer y, tras hacer pública la rectificación, se desdijo de ella y, sin temblor en la voz, aseguró que no ha mentido y que seguirá adelante con el debate jurídico y científico “en defensa de la familia y la vida desde la concepción hasta la muerte”. En otras palabras, que no arriará las banderas de su cruzada contra el aborto y la eutanasia.

Pésimo antecedente el de un procurador tutelado por no ajustarse al cumplimiento del ordenamiento jurídico y quien, para colmo de males, se ha revelado como el más experto manzanillo. Poco a poco han quedado al descubierto las burdas costuras del tejido de apoyos que, sin escrúpulo alguno, Ordóñez ha urdido, con la Biblia en una mano y la nómina en la otra, para acumular poder político y burocrático con miras a la reelección, o incluso abonar el terreno para una eventual candidatura presidencial. Según informes periodísticos, entre enero de 2009 y mayo de este año, Ordóñez ha hecho más de 350 nombramientos de alto nivel, la mayoría como cuotas de magistrados y congresistas. Eso explicaría, en primer lugar, que lograra ser ternado por la Corte Suprema que, contrario a lo que se esperaba y como lo hizo el Consejo de Estado, no abrió convocatoria pública y lo eligió en un proceso de sospechoso unanimismo, y, en segundo lugar, que el Partido Conservador, la U, Cambio Radical y el PIN, e incluso uno que otro liberal, hayan anunciado que van a subirse en el bus de la reelección sin que la terna esté completa.

En su afán de hacerse reelegir, el poderoso funcionario que desde su púlpito en el Ministerio Público vigila celosa y meticulosamente las conductas del prójimo —en especial las de aquellos que no huelen a incienso—, el moralista que imparte lecciones de ética y pretende someter la vida de los otros —y sobre todo de las otras— a sus radicales creencias religiosas, puso en remojo su pregonada rectitud e incurrió en las más censurables y despreciables prácticas clientelistas. Pero la poca transparencia del proceso de su designación, los antidemocráticos acuerdos previos y la evidencia de que hace política con la religión en contravía de preceptos constitucionales y legales le han generado múltiples y razonadas críticas de analistas, columnistas de opinión y prestigiosos juristas, y un creciente rechazo en las redes sociales a su reelección, a lo cual se suma un ingrediente adicional: la amenaza que pesa sobre los senadores que tienen investigaciones abiertas en la Procuraduría, que si votan por su juez disciplinario podrían enfrentar demandas de pérdida de investidura por conflicto de intereses, y viciar la elección de nulidad.

Queda entonces la posibilidad de que esos factores influyan en los congresistas para que sepulten las aspiraciones de Ordóñez, como sucedió con la reforma a la justicia. Hay razones políticas, éticas y jurídicas de sobra para oponerse a su reelección, y está en manos del presidente hacer la tarea: designar a un peso pesado que pueda competir con el inquisidor, y meter en cintura a su partido, la U, para que reverse la decisión. El resultado de este pulso indicará si las heridas que el Ejecutivo abrió en el Congreso tras el escándalo de la reforma judicial han cicatrizado. Si no lo están y Ordóñez “corona”, que Dios nos ampare y nos favorezca, como decía mi abuela.