Medios y paz

Se les culpa de ser combustible del fuego y se les reclama, por tanto, responsabilidad y mesura. En general, la demanda tiene que ver con el curso de las negociaciones y en este sentido se les pide no recurrir al amarillismo y a la especulación. Una especie de autocensura de medios. Algo tiene de válida . Pero más valiosa sería si el Gobierno frenara a los departamentos de propaganda y publicidad de la fuerza pública, porque es ahí donde nacen la irresponsabilidad y el peligro. Gobbels, el ministro de propaganda de Hitler, descubrió que gran parte de las batallas se ganaba en los medios y nuestras –me cuesta trabajo el posesivo– Fuerzas Armadas y de Policía conocen al dedillo todos los secretos de esta arma de guerra. Y la aplican. Y les ha dado resultado.

El daño que a la paz y a las partes les ha hecho la propaganda bélica, sobre todo por los militares, es enorme. Al país le han hecho creer que las guerrillas son un monstruo de maldad nacida en el alma de Satanás. Todo lo malo que sucede, que es mucho, se carga en la cuenta de la insurgencia, que es larga. Han acuñado un lenguaje propio que machacan y machacan hasta lograr que guerrilla y terror sean sinónimos ideológica y políticamente. Se explica así que las Fuerzas Armadas tengan porcentajes tan altos de aceptación en la incrédula y moldeable opinión pública, y las guerrillas tan bajos. Y no quiero decir que la guerrilla sea un ejército angelical. Nadie puede desconocer sus crímenes y la responsabilidad que les cabe en el desangre y por la que tendrán que responder. Pero nadie puede decir que la guerra la hace solo la guerrilla. La brutalidad es compartida y los militares no pueden excusarse con la tesis de que son la fuerza constitucional. La imagen que los propagandistas de la fuerza pública han hecho de la guerrilla es una de los más fuertes obstáculos para la paz. El Gobierno tiene que pagar un precio muy alto hoy para poder acercarse a la mesa de negociaciones. En la medida en que estas se desarrollen y se sacrifiquen posiciones, el costo será mayor. Y no se puede avanzar sin esos sacrificios, que son la condición para crear el acuerdo. La información oficial –subrayo, oficial– sobre orden público debe ser controlada por el Ministerio del Interior y no por el de Defensa para impedir que se le siga echando leña a la hoguera. Permitir que los militares manejen a favor de sus intereses esta arma, por naturaleza civil y política, es aumentar el precio del acuerdo. Las Fuerzas Armadas y de Policía, en aras de su prestigio, de mostrar sus triunfos y hacer brillar sus charreteras, elevan el costo que el Gobierno debe pagar a la opinión ciudadana para avanzar en el negocio. No es solo prudencia lo que el Gobierno debe exigir a los militares en la información sobre lo que sucede en los campos de batalla, es silencio. Entre otras razones porque han sido muy hábiles para usar los departamentos de publicidad y propaganda para opinar y deliberar a voz en cuello desde los cuarteles y como institución. Si las cosas van en serio, como parecen ir, el Gobierno no puede seguir endosándoles esta responsabilidad a los militares, que, como es aceptado hoy, pelean por sus propios intereses. No tiene sentido que mientras el Gobierno controla la información sobre la mesa de negociaciones, los militares continúen divulgando informaciones amañadas sobre los desarrollos del orden público. Si se quiere llegar a un cese el fuego sólido, esta información debe ser exclusivamente manejada por el Gobierno y no por los militares. Mas aún, si el Gobierno no lo hace, Uribe usará ese pertrecho para dispararle cargas de profundidad a Santos.

Lo anterior no quiere decir que el Gobierno monopolice la información. Esta debe ser libre, totalmente libre. Los medios tienen la obligación de informar sobre la guerra recurriendo a todas las fuentes y no solo divulgando comunicados de las Fuerzas Militares. Está bien que el Ejército invite a periodistas a los operativos, que los transporten, los instruyan, los conviden a degustar raciones de campaña. Y está bien que los periodistas y los reporteros acepten. Todo en el entendido de que tienen derecho a procurarse información en otras fuentes, incluida la guerrilla, pero sobre todo a la que dan los campesinos y pobladores de las zonas de conflicto. Yo no hablo de monopolizar la información sobre orden público, sino solo la información que produce el Estado. No se debe olvidar que la guerrilla tiene un recurso siempre a mano para no desaparecer de las noticias: la propaganda armada, cuya función en el caso de la negociación sería nefasta.