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Opinión |2 Oct 2012 - 11:00 pm
Moratoria minera nacional
Por: Juan Pablo Ruiz Soto
La semana pasada, un grupo de destacados ciudadanos, que incluye a investigadores sociales, geólogos, periodistas e incluso políticos, envió al ministro de Minas y Energía una carta en la cual se dan 12 razones para proponer una moratoria minera indefinida, que se mantendría hasta que las circunstancias negativas, allí señaladas, hayan sido superadas. Ver: www.colombiapuntomedio.com
Desde mi perspectiva, poseer recursos naturales no renovables es un atributo positivo y su extracción puede y debe apalancar la gestión de un desarrollo sostenible. Sin embargo, comparto con los firmantes de la carta que, no estando preparados para gestionar y usar adecuadamente los recursos que genera la minería, ni para asegurar que la actividad se adelante con el mínimo impacto ambiental y social, es necesario declarar una moratoria minera nacional. A continuación resalto aquellas condiciones que revisten mayor relevancia.
Algo insólito es que el país aún no cuente con un sistema de monitoreo y seguimiento a las extracciones mineras y, en consecuencia, no tengamos la capacidad para hacer efectivo el cobro del 100% de las regalías a las cuales tenemos derecho como país propietario de los recursos no renovables. A lo anterior se suma que el flujo actual de regalías no se está utilizando de la mejor manera en los gobiernos regionales. Se está trabajando en este tema, pero aún debemos mejorar mucho los sistemas de uso y control de regalías, antes de aumentar su flujo.
La creación de la Agencia Nacional de Minerales fue un paso para fortalecer la capacidad institucional requerida para hacer uso —con el mejor criterio nacional— de los recursos económicos representados en los minerales que poseemos. Dado su actual nivel de desarrollo, podemos asegurar que no contamos con la capacidad institucional para maximizar el beneficio social y económico, y minimizar el impacto ambiental de la minería. La transformación de Ingeominas en el Servicio Nacional Geológico fue otro paso, pero falta mucho para tener la capacidad técnica, científica y operativa que esta institución debe alcanzar.
Por su parte, la capacidad de la institucionalidad ambiental para garantizar que la minería sea de mínimo impacto no está desarrollada. En pocas palabras, no estamos preparados para tomar decisiones serias sobre dónde, cuándo y cómo hacer minería. Antes de dar vía libre a nuevos procesos de extracción, debemos delimitar los ecosistemas estratégicos donde no se podrán adelantar actividades de extracción minera.
La propuesta de reforma del Código Minero aún requiere discusión y socialización. El borrador que conocemos deja muchas dudas y sigue dando prioridad a la minería —sobre otros usos alternativos del espacio— en lugares donde no debería existir.
Es urgente que el país se concentre en la revisión de las concesiones a la gran minería y tome determinaciones abiertas —suficientemente debatidas— frente a las solicitudes de prórroga de contratos. De otra parte, ni el sol ni las dragas ilegales se pueden tapar con una mano. Hoy, en medio de las conversaciones de paz, la minería ilegal está financiando a diversos actores de la guerra interna.
Es evidente: tenemos que poner en orden la casa. Por todo lo anterior, me sumo a la iniciativa de proponer una moratoria minera nacional.
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Juan Pablo Ruiz Soto | Elespectador.com
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