De vuelta a los clásicos

 Uno de ellos es Nicolás de Maquiavelo, cuyo pensamiento republicano es resaltado por Quentin Skinner y John Pocock, historiadores de la Universidad de Cambridge. No bastó el ejercicio religiosamente sesgado de la función pública —absolviendo parapolíticos y condenando opositores— para impedir la nominación por los altos jueces. Ahora el reparto del botín burocrático para provecho propio en una institución mal diseñada y peor administrada servirá para que los senadores terminen la tarea. Por fortuna, la sociedad civil, liderada en esta oportunidad por mujeres valerosas, ha enfrentado el oleaje neoconservador y evidenciado la necesidad de un profundo rediseño constitucional a la administración de justicia y a los organismos de control.

En los Discursos sobre la primera década de Tito Livio (1532), Maquiavelo recuerda que la grandeza de una comunidad política depende de la libertad. Plenas y prósperas son las ciudades independientes de cualquier autoridad, excepto de la comunidad misma. La libertad se equipara así al autogobierno. La experiencia muestra además, dice Maquiavelo, que las ciudades adquieren grandeza si el pueblo las controla. El precio de la libertad es la constante vigilancia a los poderosos por el cuerpo social. La deseada libertad no depende sólo de la buena fortuna sino principalmente de la virtud, cualidad que debe ser poseída por el cuerpo ciudadano como un todo.

En este orden de ideas no asombra que Maquiavelo asocie la corrupción de la república a la ausencia de virtud entre los ciudadanos, ocasionada por la pérdida de interés en la política o porque quienes ejercen el poder lo hacen en beneficio propio y no de toda la comunidad. La participación política del pueblo y una constitución mixta que equilibre efectivamente las fuerzas sociales opuestas son indispensables para atajar la corrupción. Pero el otrora canciller de Florencia era consciente de la insuficiencia de estas medidas. La mayoría del pueblo se mantiene más entregada a sus propias ambiciones que al interés de la república. Esto vale en nuestro caso para algunas universidades e instituciones sociales. Unas y otras guardan silencio cómplice frente a los desmanes del procurador, recientemente recordados en un fallo de la Corte Constitucional, bien porque se benefician del reparto de puestos y oportunidades o porque ven promovidas sus convicciones.

Por fortuna, la sociedad civil, informada y activa, mantiene los ojos bien abiertos para señalar y combatir las tendencias corruptoras. La función fiscalizadora de los medios de comunicación es crucial a la hora de reconstituir el poder político en las elecciones. Quienes traicionen los valores republicanos en el presente proceso reeleccionista no deberían ser nuevamente elegidos por la población; con la ayuda masiva del poder ciudadano deberán ser reemplazados por candidatos dispuestos a mejorar las instituciones y a hacer buenas leyes, de cuyo cumplimiento depende la grandeza posible de la comunidad.