Por: María Elvira Samper

Por el derecho a decidir

El fanatismo, esa condición que caracteriza a los que defienden en forma irracional sus ideas políticas o creencias religiosas, a quienes creen tener la verdad revelada y rechazan opiniones contrarias y tienden a incurrir en conductas agresivas o violentas, está impregnando el debate sobre el aborto.

Prueba de ello son las amenazas contra la abogada Mónica Roa, directora para Latinoamérica de la ONG Women’s Link Worldwide, que debió salir del país para proteger su vida. No es la primera vez que tiene problemas de seguridad, ni la única que ha sido objeto de intimidaciones por defender el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente el embarazo. Además, enfrenta una demanda por injuria y calumnia de la procuradora delegada para los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos, una de las abadesas del Ministerio Público que repican en la procesión antiaborto del procurador Ordóñez.

Defender el derecho al aborto no es fácil, menos aún cuando desde altas esferas del poder se crea confusión en forma deliberada; cuando intentan imponerse, a contrapelo de la Constitución, dogmas y valores religiosos como verdades universales y absolutas; cuando quienes se oponen a la despenalización aun en los tres casos permitidos, sostienen, sin matices, que el aborto es homicidio, un delito que debe ser castigado. Un debate tan complejo como el del aborto —entraña factores religiosos y morales, conceptos filosóficos y científicos, razones sociales y de salud pública, derechos fundamentales y asuntos constitucionales y legales— no puede plantearse en blanco y negro, entre morales e inmorales, como pretenden hacerlo quienes abogan por criminalizarlo en todos los casos. Lo convierte en diálogo de sordos y elude el quid del problema: cómo prevenir, evitar o, al menos, disminuir el aborto.

Quienes defendemos el derecho a interrumpir el embarazo —una medida extrema y traumática—, no es por considerarlo bueno, sino porque constituye un problema social y de salud pública, y porque convertirlo en delito no elimina el problema, sino que lo agrava al condenarlo a la clandestinidad, lo cual aumenta los riesgos para la salud y la vida de la mujer y además genera una discriminación de facto entre mujeres y hombres por razones obvias, y entre las que tienen recursos económicos para acceder a prácticas seguras y las más pobres, sin posibilidad de tener un aborto en condiciones adecuadas.

La causa que encarna Mónica Roa es justa. Está planteada en el ámbito de los derechos fundamentales —garantizados por la Constitución y amparados por el Derecho Internacional—, y a partir de la cruda realidad: más de 400.000 abortos al año, la mayoría clandestinos, en precarias o nulas condiciones médicas y con alto riesgo para la salud de las mujeres (sólo una mínima parte, el 0,08%, se llevan a cabo mediante procedimientos legales en instituciones de salud, pero en general enfrentan trabas); el 32% de las que abortan sufren complicaciones debido a las condiciones de riesgo , y de ellas sólo nueve de cada mil reciben tratamiento en una IPS (de las IPS que podrían dar atención postaborto, cerca del 60% no lo da). Para completar, de los más de 900.000 embarazos no deseados que se presentan cada año, cerca del 44% termina en aborto.*

Convertir a las mujeres que abortan en delincuentes no es la solución. Y las amenazas contra quienes defienden el derecho a decidir, enturbian el ambiente del debate. Mi solidaridad con Mónica Roa.

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