Una reforma tributaria parcial

Los parafiscales —ICBF, Sena y cajas de compensación— sumados a los pagos por salud y pensiones alcanzan a sobrecargar la nómina en un 52% para los empresarios. Los mismos trabajadores deben cubrir una parte de las contribuciones a la seguridad social.

Aunque el desempleo y la informalidad se pueden explicar por el desequilibrio entre acumulación de capital (demanda de empleo) y población, algo que es común en casi todos los países de América Latina, en Colombia las políticas públicas han profundizado el desbalance. La informalidad alcanza 60% de la población económicamente activa, comparada con el 40% para Brasil, mientras que el desempleo supera el 10% contra un 7% de promedio para el continente. Por una conjunción de economía política, los empresarios colombianos se vieron derrotados por una alianza entre sectores evasores de impuestos y sindicatos para descargar buena parte de la tributación sobre sus nóminas. La propuesta reduce en 13,5% los aportes de las empresas o sea que todavía hay un recargo del 38,5%.

Existe fluidez entre el sector formal y el informal, tanto de empresas como de trabajadores. El régimen subsidiado de salud incentiva a los trabajadores a permanecer en la informalidad porque les sale gratis el servicio y, teóricamente al menos, la calidad debe ser igual que la del régimen contributivo. El esquema de pensión mínima que prepara el Gobierno operará en la misma dirección. En algunos casos de trabajadores de confianza, el empresario informal puede decidir compartir con ellos lo que se ahorra en contribuciones, impuesto a la renta e IVA.

Es exagerado creer que se van a formalizar un millón de empleos, como dice el Gobierno, pues continúan operando los incentivos a favor de la informalidad que hemos listado; en el margen, sin embargo, un empresario puede pensar dos veces si formaliza determinadas operaciones porque le sale más barato que antes, de tal modo que puede contribuir en bajar un par de puntos la informalidad y menos que eso el desempleo.

Se destina el 8% del impuesto de renta de las empresas (que se sostienen en el 33%) específicamente a financiar al Sena y al ICBF, para neutralizar la movilización política de sus usuarios. No se tocan las cajas de compensación que desperdician las contribuciones que causan desempleo e informalidad, pues tienen fletados a los congresistas con sus invitaciones a hoteles, clubes, piscinas de olas y temporadas de zarzuela.

El ministro de Hacienda sostiene que es una reforma que busca la equidad y algo hace en esa dirección un impuesto mínimo alternativo que le pone un piso a lo que deben pagar las personas naturales, que alcanzaría a 0,7% del PIB ($4,7 billones). Las empresas en zonas francas deberán pagar el 8% para financiar la seguridad social. El IVA se simplifica y se introducen impuestos al consumo que no son deducibles por los negocios, de 7% para los clientes de restaurantes, reducción notable frente al 16% vigente.

En contra de la equidad, la propuesta reduce el impuesto a las ganancias ocasionales y a las herencias, que pasan del 33 al 10%, perpetuando la inequidad generación tras generación y repito: deja sin gravar los dividendos de los dueños del país.