Elecciones y conflicto

La costumbre de la guerra no sólo se expresa en una confrontación armada, como la que padece Colombia desde hace más de medio siglo. También se manifiesta en conductas cotidianas agresivas que, a menudo, se resuelven de manera violenta y, en todo caso, estimulan una subcultura de enfrentamiento y exclusión que conspira contra cualquier forma de diálogo social.

La costumbre de la política es una especie de compromiso natural con unas normas, no necesariamente escritas, que determinan el comportamiento social y la ética pública. Hace posible que los miembros de una comunidad –ciudadanos o no- se reconozcan en sus propias instituciones. Es el mejor antídoto contra la guerra y la mejor manera de tramitar diferencias sociales a base de una relación civilizada.

Hay algunos elementos esenciales para aclimatar la costumbre de la política. El primero es la posibilidad real de que todo ciudadano pueda participar en la toma de decisiones que lo afecten. El segundo es la garantía de que esa gestión haga sentir al ciudadano partícipe de una nueva política pública e incluso protagonista de su proceso de deliberación, adopción o aplicación.

No conozco la nueva ley sobre mecanismos de participación, pero de ella depende buena parte de la confianza que el ciudadano común le otorgue a las instituciones participativas. Y, claro, la percepción que los grupos armados ilegales –empezando, naturalmente, por las guerrillas- tengan frente a la posibilidad que se les ofrezca para incorporarse a la política o para ejercer la actividad pública.

Pero el gran eje de toda esa compleja problemática es el sistema electoral. De él depende que se pueda aclimatar o no la costumbre de la política. En Colombia el sistema electoral es aliado del conflicto porque ha permitido la construcción de mafias a su alrededor y distorsiona la relación entre elector y elegido. El país es mejor que su sistema electoral. Cuando alguien cree que “el que escruta elige” no hay posibilidades de aproximación a un acuerdo de mínimos.

A veces no se ve coordinación entre las conversaciones iniciadas en Oslo y el suceso legislativo que se cumple en Colombia. El gobierno presentó al Congreso un proyecto de Código Electoral que tiene cerca de dos cientos artículos. Introduce la residencia electoral y combate el trasteo de votos. Sin embargo es más compilador que innovador y, tramitado por el Congreso en medio de unas conversaciones de paz, pero sin contar con a opinión de los contradictores, afecta sensiblemente su legitimidad.

Es como si se creyera que el mejor Congreso es el que más leyes produce. Lo mismo ha pasado frente a otras normas recientes y, por supuesto, no es así. Resulta preferible tener pocas leyes, pero buenas, y no esta hiperinflación legislativa que sólo parece consultar un deber ser teórico. Gobernar no es lo mismo que administrar. Es una lástima, pero la propuesta no parece conectar el derecho con la realidad. Y eso es clave.

*Ex senador, profesor universitario, atm@cidan.net