De la soberbia pública

El procurador Ordóñez, por ejemplo, para justificar la podredumbre de la nómina que lo acosa, en una entrevista al portal Kienyke, confesó que nombraba a sus subalternos por recomendaciones de políticos, magistrados, amigos y familiares. Pues bien, le formulé una petición para que me informara a quiénes se refería, y cínicamente respondió que “era físicamente imposible suministrar la información”. U Ordóñez es un mentiroso, porque no se olvida el nombre de quien recomienda a otro, o ha abusado nombrando a tanta gente en sus cuatro años de corrupta administración, que ya se le extraviaron las identidades de quienes hoy viven agradecidos con él en el Congreso y en las altas cortes. Si algo ha demostrado este nefasto procurador es que su memoria la tiene intacta para perseguir a quienes no profesan sus creencias o para absolver a los benefactores de los goditos que caen en sus garras, como lo repitió esta semana exonerando al exdirector de Estupefacientes, el dispensador de prebendas para el Partido Conservador. Por eso es raro que ya no recuerde ni siquiera que su propia esposa es la gran nominadora en la Procuraduría.

La mala memoria se les vuelve crónica a ciertos servidores, como el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, quien cuando se trata de absolver peticiones ciudadanas se le olvida que su pariente político, el “momio” Alfredo Carvajal, ha visitado la sede de la Alcaldía, él sabrá para qué. O le da por invocar normas del Código Contencioso declaradas inexequibles por la Corte Constitucional para negarse a dar la información sobre la experiencia profesional de algunos de los que lo rodean, una gavilla de aventureros agazapados en el poder haciendo de las suyas y favoreciendo grupos económicos.

El magistrado de la Corte Suprema Leonidas Bustos quedó atrapado cuando la Corporación Excelencia en la Justicia le presentó petición para que informara sobre sus familiares nombrados en la Procuraduría, pues insólitamente se negó a responder invocando el “derecho fundamental a la intimidad”. Lo que no se entiende es que esa intimidad que le sirve para no absolver una consulta ciudadana, no la hubiera hecho valer para impedir que el procurador violara el artículo 126 de la Carta Política que, como lo recordara la pluma ilustrada de Rodrigo Uprimny, le prohíbe “designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación”. Y como él hay otros magistrados de la misma Corte que con sus respuestas resbaladizas se burlan olímpicamente de las peticiones ciudadanas.

Sólo falta que esos parlamentarios que están usufructuando la nómina en la Procuraduría se hagan también los bobos cuando les pregunten sobre quiénes son sus fichas en esa entidad o por los enroques que se han inventado, por ejemplo, para que a un senador huilense le nombren en Boyacá a uno de sus protegidos, a cambio de que en el Huila nombren al consentido de un senador boyacense, como hoy ocurre con la Procuraduría en esos departamentos. Ya veremos en qué quedan las investiduras de esos senadores que también han pisoteado el artículo 126 de la Carta Política.

Como muy bien lo anota Alberto Donadio en su libro La llave de la transparencia —el periodismo contra el secreto oficial— hay funcionarios que creen “que el ejercicio del poder público implica una graciosa y deliciosamente monárquica privatización temporal de una dignidad pública a favor de quien detenta el cargo, con la obligación de hacer venias a su majestad”.

Cierto, y agrego que el servidor público que le rinde culto a la corruptela se le atrofian el juicio y la conciencia, pierde el pudor y prescinde de la ética.

Y faltan datos de otros municipios. Volveré sobre las respuestas “geniales” de otros servidores altaneros que navegan en el lodo de su corrupción.

Adenda. Hay que sacar adelante el proyecto de ley que autoriza la eutanasia, así se opongan la caverna criolla y la recalcitrante Iglesia católica.