Por: Jaime Arocha

¿Qué reforma agraria para qué país?

La pregunta de este título orientó el panel al cual los organizadores del XVI Congreso Colombiano de Historia nos invitaron a Darío Fajardo, Víctor Negrete y a mí para presentar nuestro punto de vista, teniendo en cuenta los diálogos de paz a punto de inaugurarse en Oslo.

El evento tuvo lugar en Neiva el pasado 11 de octubre, cuando expuse que para los pueblos afrodescendientes esa reforma se había iniciado desde 1997 y que los 5 millones de hectáreas sobre las cuales el Estado había otorgado títulos colectivos a las comunidades negras la habrían convertido en la más significativa en América Latina. Sin embargo, durante ese mismo año tuvo lugar ese recorrido macabro que hicieron paramilitares y ejército por los afluentes del curso bajo del río Atrato. Amplió los destierros violentos por ambos litorales y valles interandinos. De ahí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara las respectivas masacres y bombardeos, así como la apropiación ilegal que hicieron capitalistas y empresarios de territorios como los de Cacarica, Jiguamiandó y Curvaradó. No obstante la sentencia T25 que emitió la Corte Constitucional en 2004, el auto 005 de 2009 y el 291 de 2011, sigue pendiente la reparación a esos pueblos afrocolombianos y a los que continúan siendo objeto de despojo en otras regiones.

También fue la ocasión para divulgar aspiraciones expresadas por el Proceso de Comunidades Negras: “El proceso de paz por el que estamos dispuestos a jugárnosla es aquel que reconozca y cree los mecanismos para que […] se hagan efectivos nuestros derechos sobre nuestros territorios, de conformidad con el derecho internacional, con las normas nacionales y con la justicia reparativa y distributiva [… a partir del retiro] de los grupos armados de nuestros territorios y [la] garantía de que nuestros derechos territoriales no sean menguados ni menoscabados [ni] por las negociaciones ni el posconflicto”. El PCN insta a frenar “la extracción de biodiversidad y maderera”, y a la salvaguardia de “las cuencas de los ríos donde se hace minería indiscriminadamente y usando métodos no tradicionales que emplean mercurio y cianuro”. Del mismo modo insta a recuperar las fincas campesinas que antes fueron escenarios de producción sostenible de alimentos y hoy han sido expropiadas a favor de “la industria de la caña y el papel, [la…] hoja de coca y […] la palma africana, […amén de los manglares destruidos] para instalar procesos industriales camaroneros”.

Todo lo anterior considerando que ni siquiera el desplazamiento abolió “de manera definitiva nuestras raíces culturales africanas, y obliga [a que el] territorio cultural [vaya] más allá de la permanencia en el espacio”. De ahí que haya que eliminar “los obstáculos para la legalización de los territorios ancestrales y la titulación colectiva”, respetando “la memoria recreada por la gente negra traída de África”, la facultad de “enterrar a nuestros muertos y saber dónde están sus restos”, y estar en paz “con la naturaleza [que] es la paz de los espíritus de nuestros ancestros”. Frente a estos ideales, urge que los negociadores de los nuevos diálogos incluyan los requerimiento de los pueblos de ascendencia africana.

 

 

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