Mi vecino, el perpetrador

Estas son algunas de las preguntas que comunidades colombianas han venido enfrentando en los últimos años, y que marcarán nuestra cotidianidad por muchos años más, especialmente si el proceso de paz que iniciará esta semana en Oslo lleva a otra masiva desmovilización de combatientes. La encuesta nacional ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de justicia y paz?, publicada la semana pasada y realizada en enero de este año como resultado de un esfuerzo conjunto de la Fundación Social, la OIM, la Universidad de los Andes, el Centro de Memoria Histórica y la Unidad de Víctimas del Departamento de Prosperidad Social, ofrece algunas respuestas que la población colombiana dio a estas preguntas.

En general, parece que la población general colombiana prefiere tener poco contacto con antiguos combatientes. Y entre las opciones planteadas, prefiere que el contacto se reduzca al espacio educativo o laboral, lejos de casa. La posibilidad de la vecindad sólo la aprueban 33 por ciento. Lo más notorio, sin embargo, es que una de las posibilidades que menos aceptación suscita es la perspectiva de ver a desmovilizados participar en política y de gobernar: Sólo un 18 por ciento aprueban esa opción. Lo único peor, según los datos, es que un desmovilizado sea el novio de la hija. Ante esta opción, los niveles de aprobación general caen al 17 por ciento. También resulta interesante que las preferencias dependen de quién sea el perpetrador en cuestión: La población expresa menos resistencia hacia los exparamilitares que hacia los exguerrilleros.

Cuando finalice este proceso de paz no será la primera vez que Colombia enfrente la perspectiva de una intensiva proximidad social con personas que han estado vinculadas a la guerra desde cualquiera de sus orillas. Sabemos que en muchas regiones la convivencia entre comunidades, víctimas y victimarios es una realidad cotidiana hace muchos años. Esa convivencia ha sido a veces forzada tras preludios de crueldad extrema, otras veces tolerada a regañadientes y en ocasiones abiertamente incitada y premiada. Mucho ha dependido del grupo en cuestión, por lo que la diferencia entre las experiencias de distintas regiones colombianas resulta considerable. Un desmovilizado de vecino es una posibilidad ante la que la mayoría sienten temor, pero algunos indiferencia, y otros pueden ver una oportunidad. Esto plantea la necesidad de adoptar políticas públicas diferenciales para la convivencia y la reconciliación.

Además, las respuestas recogidas por la encuesta señalan otro de los retos para Colombia en materia de reconciliación: el de reemplazar el poder armado por el poder de los votos. Y en esa materia las opiniones de los colombianos plantean un potencial problema: El que la opción de la participación política y del gobierno en manos de desmovilizados reciba tan baja aprobación. Esto resulta más problemático para las guerrillas (que siempre han dicho que aspiran al poder político) que para los paramilitares (que no plantearon ésta como una opción preferida). Si una de las apuestas del naciente proceso de paz es la de promover la participación electoral de los grupos guerrilleros desmovilizados, las opiniones muestran que esto no dependerá sólo de diseñar las instituciones y reglas necesarias, sino también de resolver el por ahora reducido respaldo popular a la participación política de las guerrillas. De nuevo las realidades regionales serán importantes: Habrá regiones en las que la inclusión será más fácil que en otras.
Más allá de lo que arrojen las negociaciones, las actitudes de los colombianos en temas puntuales como la convivencia con diferentes tipos de combatientes desmovilizados sugieren que, tanto en el nivel individual como en el nivel colectivo de toda la sociedad colombiana, hay obstáculos importantes que superar. ¿Cómo podemos prepararnos?

*Angelika Rettberg, directora y profesora asociada Departamento de Ciencia Política Universidad de Los Andes.