Hasta cuando la opinión pública los separe

Iván Márquez presentó numerosas exigencias sobre temas que no están en la agenda acordada en La Habana, entre ellos, los cambios en el llamado modelo económico, bautizados como “reformas socioeconómicas radicales”, la estructura del Ejército y los TLC. Y Humberto de la Calle, por su parte, dejó en claro que iba a negociar únicamente sobre los puntos de la agenda. Y allí, el único tema económico fundamental, distinto a los asuntos del reintegro de los guerrilleros a la sociedad, es el agrario, conexo con el narcotráfico, en la medida de que ésta es una actividad primordialmente rural que financia a la guerrilla.

De la Calle señaló que si las Farc quieren promover cambios en temas como la inversión extranjera o el llamado “modelo económico”, tendrían que hacerlo después de entregar las armas, en las plazas públicas, como cualquier otro grupo político, de acuerdo con las reglas de la democracia: tratando de convencer a los colombianos de la bondad de sus planteamientos, esforzándose por conseguir sus votos y, si lo logran, forjando mayorías y coaliciones en el Congreso para que se aprueben sus iniciativas.

Los límites de la negociación serán, en últimas, los que sean aceptables para la opinión pública. El Gobierno sabe bien que la sociedad colombiana dejará de apoyarlo si permite que se abran las exclusas a una negociación desbordada, tipo Caguán. Por eso De la Calle dijo que “el Gobierno no es rehén del proceso”, es decir, que no está dispuesto a entregar cosas que no puede entregar y, más aún, si se convence de que los diálogos no van para ninguna parte, simplemente se retirará de la mesa.

Esta posición es armónica y complementaria con la postura de no aceptar un cese al fuego sino hasta el final del proceso, cuando se firmen acuerdos vinculantes con las Farc. Las intenciones que revela Márquez en sus declaraciones —la introducción de nuevos temas y la dilación de las negociaciones, en contrapunto a lo que llamó “una negociación express”— no hacen más que confirmar la bondad de la decisión de mantener activas las operaciones militares contra la guerrilla hasta cuando el proceso de paz ya sea irreversible.

El Gobierno debe hacer un intento serio de llegar a un acuerdo dentro de los límites de la agenda acordada en La Habana. La gran mayoría de los colombianos desea la paz con la guerrilla, apoya al presidente Santos en esta tarea y aceptaría algunas concesiones sobre su reincorporación a la vida social y política. Pero si las Farc optan por dilatar o insisten en negociar lo que no es negociable, el Gobierno sabe que debe poner fin a las negociaciones, con la seguridad de que tendrá la comprensión y el aplauso de la mayoría de la sociedad colombiana.

El proceso durará hasta cuando la opinión pública lo quiera. Las autoridades deben entender, sobre todo en época electoral, que tendrán que levantarse de la mesa cuando las encuestas lo exijan (la historia muestra que la guerrilla no se preocupa de lo que piensan los colombianos). El tiempo ya está corriendo y la buena voluntad de la ciudadanía es limitada. Ojalá que las Farc así lo entiendan.