Por: Salomón Kalmanovitz

La negociación de paz

El primer encontronazo entre el Gobierno y las Farc reflejó varias cosas: la falta de voz de la insurgencia, que aprovechó el momento para exponer estridentemente su ideario e insistir en que busca implementarlo; su debilidad militar, que trató de ocultar con su belicosidad y que se reveló con su petición de un cese al fuego; y, no menos, su necesidad de hacer política antes que el propio conflicto y el narcotráfico acaben con su antiguo liderazgo.

Humberto de la Calle demandó trato respetuoso y digno en la negociación, algo que el Gobierno debía implementar en sus comunicados y en el discurso del ministro de Defensa, que sigue tratando a la insurgencia de terroristas y bandidos. Es hora de abandonar el lenguaje del señor de los caballos.

Las Farc proponen “regularizar la guerra” que los aparta del respeto al derecho internacional humanitario, pues lo vulneran constantemente, para delimitar los bombardeos en zonas pobladas. Se debieran comprometer a no volar torres de electricidad ni oleoductos, pues afectan negativamente a la población civil y deterioran el medio ambiente; tampoco lanzar artefactos y sembrar minas que causan más bajas civiles que militares. Queda abierta la puerta para por lo menos humanizar la guerra.

El gobierno Santos ha tomado muchas medidas para poder entablar la negociación con la insurgencia, como el retorno del Ministerio del Trabajo para poder regular mejor y más democráticamente el mercado laboral y la aprobación de las leyes de Restitución de Tierras, de Víctimas y la de Desarrollo Rural, que será negociada en la mesa.

La participación futura de las Farc en la vida política del país se daría en un escenario donde las corrientes de izquierda se han desprestigiado frente al electorado por acogerse a la estructura clientelista y asociarse con políticos y contratistas corruptos; como observaba Mauricio García Villegas, hicieron y hacen malos gobiernos por desconfiar de administradores competentes y de buenos financistas.

No estoy seguro de que los guerrilleros puedan desarrollar una visión de país moderno, incluyente y democrático, y que puedan combatir los vicios ancestrales de la política colombiana. En muchas regiones hacen clientelismo armado y no parecen apreciar que algunas partes del Gobierno son administradas por un servicio civil competente y riguroso; éste ha hecho posible una buena regulación de la energía, ha logrado reducir la inflación y podría hacer una mejor planeación del desarrollo. Al Estado colombiano le falta centralización y fortaleza, que requieren a su vez de una burocracia pública bien preparada, bien paga y autónoma de los partidos.

El servicio civil es especialmente necesario en todos los organismos del sector rural que fueron clientelizados o entregados a la mafia. El Banco Agrario, Finagro, el Incoder, el ICA y el Invima deben fortalecerse presupuestalmente, ser administrados por una tecnocracia inmune a la política y servir tanto a la economía campesina como a la empresarial.

Seguramente las Farc van a poder ejercer legalmente un control territorial de sus regiones históricas, para lo cual se debiera pensar en una regionalización adecuada, de gobiernos basados en tributos suficientes, complementados con un fondo de compensación, financiado con regalías más elevadas y transferencias. La DIAN debiera ser la encargada de recaudar los impuestos locales que son demasiado bajos en la Colombia rural, si es que se pagan.

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