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Opinión |22 Oct 2012 - 10:25 pm
¿Adolescentes sin opciones?
Por: Rafael Orduz
La crónica roja de los diarios da cuenta, a diario, de conductas punibles de parte de jóvenes adolescentes. Hurto, microtráfico de estupefacientes, conductas contra la integridad física y sexual, forman parte del grueso de hechos en los que incurren jóvenes en todos los rincones de la geografía colombiana.
Como en muchas partes del mundo, con la idea de proteger a la sociedad, algunos creen que el endurecimiento de penas para los adolescentes en conflicto con la ley es la solución. En parte, es la consecuencia de la inimputabilidad que el antiguo Código del Menor permitía. Las actuales series de TV sobre capos dan cuenta, en tal lógica, de cómo las mafias han involucrado a menores de edad para el asesinato de candidatos, jueces, policías y altos funcionarios incómodos para los criminales.
No obstante, el problema es mucho más complejo. Colombia es un país en el que los jóvenes tienen gran peso en la población y, por obvias razones, en el futuro de sus propias familias, del mundo laboral y, en general, del futuro tejido social de la sociedad colombiana. De acuerdo con el DANE, el 8% de la población colombiana corresponde a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, cifra cercana a la población total de Costa Rica.
Contextos recurrentes de los adolescentes en conflicto con la ley son la pertenencia a hogares sin figura paterna o con altos índices de violencia intrafamiliar y de abandono (el caso de humildes madres cabeza de hogar, sin tiempo para sus hijos). En los casos de reclutamiento de bandas criminales, lo común es la ausencia de modelos alternativos para los jóvenes, así como la poca pertinencia de la educación.
La responsabilidad en la comisión de actos punibles de parte de los adolescentes va mucho más allá. Las capturas, según el DNP*, se asocian a 155 tipos de delitos diferentes. Sin embargo, hay concentración en unos pocos. El predominante, de lejos, es el de “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”. Corresponde a lo que, usualmente, se designa como “microtráfico”. ¿Qué tan eficientes son las instituciones competentes para castigar a los adultos responsables detrás del microtráfico?
¿Responsabilidad penal a secas o protección de los adolescentes en conflicto con la ley? El enfoque correcto está en manos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que ve en el adolescente en conflicto con la ley un sujeto de derechos que, por supuesto, tiene responsabilidad por su conducta en el contexto de la justicia restaurativa. Ella se entiende como aquella que construye un sujeto de derechos respetuoso de sus congéneres.
Sin embargo, la justicia restaurativa no será realidad mientras no exista un real compromiso del Estado y, en general, de la sociedad. Un ejemplo es la ausencia de oferta educativa y formativa de parte del Sena y el MEN, adaptada a los procesos de construcción de sujeto de derechos del adolescente en conflicto con la ley.
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Rafael Orduz | Elespectador.com
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