Por: César Rodríguez Garavito

¿Y si nos bajamos de la locomotora minera?

Esa es la pregunta que dejó en el aire Nicholas Stern, el reputado economista que hizo el estudio más influyente sobre el costo del cambio climático y vino al congreso anual de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en Cartagena.

Preguntado sobre el dilema entre conservar o abrir la Amazonia a la minería, respondió: “Puede resultar más rentable dejar esos recursos enterrados que explotarlos”. Tiene razón Stern. Pero como sus cuentas no cuadran con las de los economistas del Gobierno, hay que ir por partes para entenderlas. Y para ver que la solución al “desastre ambiental” que advirtió la contralora Morelli no es sólo ponerle rieles a la locomotora, sino pensar seriamente en irnos bajando de ella.

Así son las cuentas. Muchos nos beneficiamos desproporcionadamente de las acciones que agravan el calentamiento global: usted y yo, que liberamos toneladas de carbono y otros gases de efecto invernadero al comer carne, viajar en carro y avión y consumir mucho más que las personas cuya pobreza no les permite siquiera acceder a este periódico; las empresas que hacen bastante más de lo mismo al explotar o utilizar energía de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, y los gobiernos que facilitan todo lo anterior al estimular la producción de esos combustibles, o abrir las selvas a la minería y la ganadería.

El calentamiento planetario resultante tiene un costo altísimo. Según el Informe Stern, está entre el 5% y el 20% del PIB mundial anual. Costo que no pagamos quienes causamos el daño, sino principalmente los que han hecho poco o nada para generarlo, como los habitantes de los barrios pobres que se inundan por las lluvias extremas o las generaciones futuras que heredarán las consecuencias.

Por eso, las soluciones a la crisis apuntan a revertir la situación, haciendo pagar a los que más contaminan y compensando a los que menos. Aunque no ha funcionado por falta de acuerdos internacionales y voluntad de gobiernos y empresas, esa es la lógica de sistemas como los mercados de carbono, que recompensan a comunidades y países que preserven bosques y se abstengan de contaminar.

¿Qué tiene que ver todo esto con la locomotora minera o con el debate sobre la moratoria minera que en buena hora el Gobierno decretó en la Amazonia? Todo. Porque la lógica de la locomotora es maximizar los ingresos de corto plazo, aunque impliquen costos económicos (y no económicos) mayores, representados por el valor de la biodiversidad perdida y las toneladas adicionales de carbono que liberan los combustibles desenterrados y las selvas deforestadas. La lógica de la moratoria en la Amazonia —que el ministro Uribe debería mantener— es justamente la inversa.

El problema es que es fácil saber el precio de los minerales y encontrar compradores, pero no lo es calcular el valor de la biodiversidad ni encontrar quién pague por preservarla. Como lo dijo Stern, para eso habría que cambiar las cuentas y las reglas de juego globales, que hoy hacen más rentable acelerar la locomotora que detenerla.

El ambiental es un problema parecido al de las drogas. Las políticas existentes no están funcionando y reemplazarlas requiere coordinación internacional. De ahí que los cambios tengan que ser graduales y que la iniciativa deba venir de los países que son más afectados.

Como con las drogas, Colombia es uno de los países más golpeados por el cambio climático. También es uno de los más biodiversos y copropietario de la Amazonia, pulmón del planeta. De modo que el Gobierno tiene todo para tomar la iniciativa también en este tema.

La oportunidad es justamente la moratoria en la Amazonia. Como lo hizo Ecuador con el parque Yasuní, el Gobierno podría ofrecer extenderla indefinidamente si la comunidad internacional recompensa al país por los recursos no extraídos y por la biodiversidad y el carbono retenidos. Seguro Stern ayudaría a hacer las cuentas.

 

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