¿Expulsar a los inversionistas?

Eso dicen los resultados de sondeos efectuados por medios de comunicación, tras la verborrea de “Márquez”, que en nada se diferencia de las diatribas de “Joaquín Gómez” en el Caguán al inicio del fracasado proceso Pastrana-Tirofijo. Y no es para menos; los colombianos y la comunidad internacional esperaban propuestas por lo menos viables de las Farc, pero afloró la realidad inmodificable del grupo dedicado al terrorismo, el secuestro y el narcotráfico, y el cual se quedó con el discurso de los 60s cuando “Marulanda” protestaba porque el gobierno le mató las gallinas y los marranos.

“Márquez” leyó las extravagancias preparadas para el show mediático ante los medios internacionales, patrocinado por el gobierno. Habló de una paz que implique la desmilitarización del Estado a través de un nuevo ejército, tal vez, bajo el sueño de ver a guerrilleros con uniforme oficial; el cambio de modelo económico mediante reformas socioeconómicas radicales; y las usuales arengas sobre el tema de la tierra, invocando la confrontación de clases, la agresión latifundista y la resistencia campesina.

Pero al tiempo que reclaman una paz que solucione los problemas económicos, políticos y sociales del país con el pueblo como beneficiario, incitan al odio contra los generadores de empleo y de riqueza, los cuales, gracias a la confianza inversionista que suscitó la política de seguridad democrática del anterior gobierno, lograron establecer sus empresas e impulsar el desarrollo especialmente en zonas deprimidas. Y atacan con nombre propio a los que llaman “magnates y terratenientes”, que han invertido honorablemente en los Llanos orientales, como Sarmiento, Santodomingo, Eder, Efromovich; y mezclan a Francisco Santos; e involucran a los hijos del expresidente Uribe quienes no poseen un centímetro de tierra en la región. Además, llaman a la resistencia obrera contra empresas extranjeras que llegaron a invertir en nuestro país, como Pacific-Rubiales, que genera cerca de 15 mil empleos en Colombia.

En el modelo que proponen las Farc, con la permisividad del gobierno, después de lo que llaman paz, habría que expulsar de Colombia a los inversionistas o expropiar sus empresas como sucede en Venezuela. Sin medir consecuencias, porque el gran inversionista se va del país llevándose el capital para otro lado, como ocurre hoy a los venezolanos. Pero los grandes afectados son los trabajadores que se quedan sin empleo y las pequeñas empresas que sobreviven de su entorno.

Lo grave no es que las Farc reciclen el discurso de hace 50 años, sino que el gobierno sea un observador pasivo de semejante despropósito y el presidente Santos tolere la penetración del nocivo modelo chavista en nuestro país; mientras aún se mantienen los buenos resultados de la década, destacados por el Banco Mundial, en materia de regulación empresarial en Latinoamérica, con Chile, Perú y Colombia a la cabeza, frente al grave retroceso en Venezuela, Ecuador y Argentina.

Twitter: @emaciastovar