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Andreas Forer 26 Oct 2012 - 10:33 pm

Notas sobre el control de legalidad de Ramón Isaza

Andreas Forer

De manera casi desapercibida para la opinión pública, el pasado 5 de octubre el Tribunal Superior de Bogotá legalizó la aceptación de cargos del reconocido jefe paramilitar Ramón Isaza, quien fungió como Máximo Comandante de las Autodefensas del Magdalena Medio desde 1978 hasta el 2006. Así las cosas, además de su importancia jurídica, dicha providencia tiene gran relevancia simbólica en atención al rango del acusado y a que es uno de los pocos jefes que aún se encuentran en Colombia.

Por: Andreas Forer
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Pero, ¿Qué es la legalización de la aceptación de cargos y por qué es tan importante? En términos sencillos, es la primera decisión que profiere la Sala de Conocimiento dentro del procedimiento de Justicia y Paz y tiene por objeto verificar que la aceptación de cargos del procesado ha sido libre, voluntaria, espontánea y asistida por su defensor.

En este caso, el Tribunal estudió la aceptación de cargos de Ramón Isaza y de algunos de sus lugartenientes en dicha estructura criminal. Aparte de los denominados delitos base (concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, uso de insignias y uniformes militares, entre otros), se legalizó la aceptación de cargos por delitos tan graves como homicidios, tortura, desaparición forzada, reclutamiento ilícito y acceso carnal violento en persona protegida, por mencionar sólo algunos de los delitos mas atroces cometidos por dichos acusados. En total se legalizaron cargos por un número mayor a 80 conductas punibles y, particularmente, en relación con Ramón Isaza, se legalizaron cargos correspondientes a 77 conductas criminales.

En esta ocasión quiero resaltar tres aspectos de dicha providencia. Un aspecto negativo y los otros positivos. El primero referido a la negativa del Tribunal a reconocer los hechos que el acusado reconoció por escrito. El segundo, consistente en la reconstrucción del contexto histórico del accionar del grupo armado denominado Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Y finalmente, lo relativo a la imputación del delito de acceso carnal violento a los máximos jefes de la organización a partir de la teoría de la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder. Veamos.

Dos de los acusados, Ramón Isaza y Walter Ochoa aceptaron su responsabilidad penal por la comisión de algunos de los delitos señalados mediante escrito ante el Magistrado de Control de Garantías. Sin embargo, dicha aceptación no fue legalizada por el Tribunal por cuanto, en síntesis, atenta contra el derecho de las víctimas a la verdad y contrarían el interés de las víctimas de confrontar a los acusados. Dicha decisión, en mi opinión, resulta desafortunada. En primer lugar, el reconocimiento escrito de responsabilidad por parte de los acusados en ningún caso cercena el derecho a la verdad y contradicción de las víctimas. Bastaría con que se garantice a las víctimas que conocerán el documento referido y que contarán con un término razonable para que lo estudien, así como con la oportunidad procesal para controvertirlo. En tales términos, resulta falaz sugerir que los derechos a la verdad y contradicción de las víctimas sólo se garantizan con audiencias públicas.

En segundo lugar, dicha decisión me resulta desafortunada en atención a las condiciones del acusado. Impedir que un acusado de las condiciones de Ramón Isaza no reconozca su responsabilidad criminar mediante escritos resulta contraria la eficiencia procesal y el derecho a la justicia de las víctimas, además de frustrar la consecución de resultados en el tramite de justicia y paz. Es más, tal como lo advertí en mi columna de 10 de julio de 2010, ante un jefe paramilitar de las condiciones de Isaza, su avanzada edad y su deteriorado estado de salud, los esfuerzos deberían centrarse en buscar estrategias que viabilicen el procedimiento en aras de obtener una sentencia mientras el acusado esté con vida: por está vía si se tomarían en serio los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas, así como la eficiencia procesal.

De otra parte, la legalización de los cargos en contra de los referidos procesados constituye un buen ejemplo de reconstrucción del contexto histórico, social, político y económico de un grupo armado, en este caso, de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

Además de referir el contexto de cada uno de los delitos respecto de los cuales se aceptaron cargos, en la primera parte de la decisión, el Tribunal se esforzó en recapitular el contexto histórico de dicho grupo organizado al margen de la ley, su expansión, antecedentes, origen, estructura, financiación, patrones de conducta, doctrina y presencia territorial, entre otros.

Dicha recapitulación del contexto histórico de desarrollo de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio constituye una gran contribución al derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado en dicha región y a que la sociedad colombiana en general conozca lo que realmente sucedió en ese periodo aciago de violencia y extrema crueldad.

Finalmente, celebro que el Tribunal hubiere legalizado la aceptación de cargos de Ramón Isaza y Walter Ochoa por el delito de acceso carnal violento a título de autores mediatos en virtud de la teoría de dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder.

Tradicionalmente los delitos sexuales se han definido como “de propia mano”, es decir, que sólo son autores de los mismos quienes incurren en la conducta punible directamente: sus autores materiales. Por su parte, el Tribunal señaló que, además su condición de lesa humanidad, los delitos sexuales pueden ser imputados a los jefes o comandantes de organizaciones delictivas como es el caso de las autodefensas sin que éstos hubieren incurrido en tales delitos directamente.

En efecto, valiéndose del caso Luciano Menéndez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, en Argentina, así como de los pronunciamientos de la CPI el Tribunal concluyó que los procesados Isaza y Ochoa habían incurrido en tales delitos en calidad de autores mediatos en tanto la violencia sexual hacía parte de la política de abuso sexual y aniquilación de las Autodefensas del Magdalena Medio que ellos comandaban.

Pues bien, tal como lo señalé en mi columna de 13 de abril de 2012 sobre la impunidad de la violencia sexual en Colombia, la aplicación de dicha teoría viabilizaría la persecución judicial de la violencia basada en género. Así las cosas, la legalización de la aceptación de cargos es un muy buen ejemplo de la aplicación de dicha teoría, así como de sus reales resultados en términos de la efectiva judicialización de los responsables de este flagelo en Colombia.
¡Sólo resta esperar que el Tribunal Superior profiera sentencia lo antes posible y con ello, además de tener un resultado de alto valor simbólico, se materialice el derecho a la justicia de las víctimas!

En Twitter: @andreasforer 

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