¿Casos aislados?

Tampoco le fue bien al otro comandante de la Policía que se puso del lado del senador Eduardo Merlano cuando sus subalternos lo encontraron manejando borracho. Aparentemente distintos son los casos, pero hay que saber leerlos. A mí me parece que tienen algo en común: la solidaridad de los mandos con los delincuentes. Podría añadir otro: el del muchacho —gente “divinamente”— que mató borracho a tres motociclistas en La Calera y al que la Policía no detuvo por ser quien era. No hay día en que no se publique un desafuero de la misma especie. Como el último que destacó El Espectador en primera página con una foto donde se ve a un policía energúmeno, literalmente montado sobre una periodista de El Tiempo que había osado tomar fotos de un accidente de tránsito. Los jefes de la Policía dirán, por supuesto, que son casos excepcionales. Sin duda, pero dicientes. Lo mismo podrían decir del teniente que violó y asesinó a una niña de 13 años y mató a los hermanitos de ella por ser testigos del crimen. Los casos de militares judicializados por delitos contra la población civil y contra otros militares son miles. Todas manzanas podridas, alegan los generales; de un árbol, agrego yo, que creció torcido.

El monopolio de las armas es no sólo un fundamento constitucional inmodificable sino un principio sano y explicable. Las armas son una de las bases de todo Estado. (Hay que aceptar ciertas desgracias como virtudes). Y ese principio es indiscutible. La negociación con las guerrillas versa, como dirían los juristas —más si son caldenses—, sobre ese tópico. El monopolio de la fuerza es para nuestro Estado, si busca ser de verdad democrático, un gran reto. Es la condición válida para que las guerrillas se conviertan en un partido político. La otra condición, igualmente válida, es que el Estado garantice ese derecho. Y de eso también trata la negociación. No podrá haber una matazón como la de la UP, como no podrá haber otro Caguán. Hay que ponerse en el caso de un guerrillero raso que va a entregar su fierro: lo mínimo que puede exigirle al que lo recibe es que no lo vaya a matar con él. Ni que se lo dé a otro para hacerlo. El monopolio de las armas implica que sea general. El Gobierno debe desarmar a los paramilitares sin reserva. Pero debe ir más adentro, debe cortar las ramas del palo que permitió su existencia. Sin la colaboración de militares habría sido imposible la organización de 10.000 hombres armados al servicio de una guerra —sucia— que beneficiaba, de una u otra manera, a las fuerzas institucionales. Y a eso, querámoslo o no, doctor De la Calle, hace referencia la “doctrina”. A un árbol sembrado, abonado y defendido por la Guerra Fría hay que reformarlo hoy, cuando no hay soviéticos por ningún lado. Los ejércitos de tierra, mar y aire terminaron, a la luz de esa siniestra doctrina, luchando contra un enemigo interno sin respetar el DIH ni los DD.HH., que la alta oficialidad considera un perendengue que hay que saber eludir. Las garantías para el ejercicio de la política —que no son sólo una cuestión de cuidar las filas de los votantes el día de elecciones— son la esencia misma del trato con los insurrectos y no se pueden confundir con la reforma —muy discutible, por lo demás— del fuero militar que está por aprobarse. La doctrina en que se ha formado, y ha hecho la guerra, nuestra Fuerza Pública debe ser enterrada, quizá por el Congreso de la República, pero atendiendo a una justa exigencia de la guerrilla —y de la lógica— para que la entrega de armas no se convierta en una nueva tragedia.