No hay restitución de tierras II

Me reuní el jueves de la semana pasada con Miriam Villegas, gerente del Incoder, y con dos de los abogados que han llevado el caso de la restitución de tierras a los desplazados de La Jagua (tema de la columna pasada y del programa de Especiales Pirry sobre restitución de tierras emitido el 20 de octubre del 2012).

He concluido que a raíz del programa el Incoder recibió una orden directa del presidente Santos para que se cumpla el fallo. Sin embargo, los funcionarios no saben cómo superar las dificultades prácticas para restituir las tierras o pagarlas. Aunque el caso de los desplazados de La Jagua de Ibirico no hace parte de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, sino de un proceso penal por justicia ordinaria, resulta ejemplar para analizar tres dificultades que enfrenta la restitución de tierras.

En primer lugar, existe un imaginario negativo hacia el desplazado que a menudo es fomentado por el Estado. El Incoder dio a entender durante nuestra reunión que no pagaría el valor comercial de los predios porque no había presupuesto para ello. De hecho, uno de los funcionarios dijo que el dinero del Incoder era para proyectos con campesinos pobres, queriendo quizás decir con eso que no era para pagar pleitos con desplazados. Aquello demuestra una barrera en la filosofía institucional y reproduce una imagen equívoca del desplazado como el vividor que quiere aprovecharse del Estado colombiano en detrimento de la población más necesitada. Presenta a las víctimas de la guerra civil colombiana como enemigas de los pobres.

Segundo, existe el riesgo de que se reescriba la historia de violencia. La doctora Villegas expresó la enorme dificultad de restituir las tierras sin generar un segundo desplazamiento con los nuevos ocupantes. Cuando expuso sus reparos al fallo, dijo que muchos de los segundos compradores manifestaron haber comprado los títulos de forma pacífica y honesta (raro hubiera sido que dijesen lo contrario), y que muchos de los poseedores originales habían decidido irse de forma voluntaria. La verdad es que en La Jagua de Ibirico hubo 18 asesinatos y los paramilitares desplazaron a 48 familias porque allí había carbón.

Finalmente, ¿cuál es el papel que juegan los medios de comunicación? Me sorprendió ver un confidencial de la última Revista Semana en el que la víctima ahora es la multinacional. La posición de Prodeco quedó plasmada en un texto de seis oraciones que coloca un manto de duda sobre el desplazamiento, pues lo describe como un “supuesto desplazamiento”, y confunde a los testaferros de los paramilitares con las verdaderas víctimas de esta historia. Cuando Prodeco llegó a La Jagua de Ibirico ya se había generado el desplazamiento, de manera que la multinacional no le compra a los desplazados, sino a los segundos, que vendieron pacíficamente porque ya se había generado el despojo.

Les recuerdo que CI Prodeco es subsidiaria de Glencore, la comercializadora de commodities más grande del mundo. Hoy Glencore y la minera Xstrata esperan la aprobación de la Comisión Europea para fusionarse en un negocio que supera los US$80.000 millones. Es una coyuntura sensible para la multinacional.

Prodeco ha demandado al Incoder por más de 7.000 millones de pesos a causa del episodio que Semana menciona en el confidencial. Es cierto que el Incoder no le ha entregado a Prodeco todas las tierras. Sin embargo, Prodeco tiene 100 hectáreas a nombre suyo. ¿Dónde está el dinero que se pagó por esas tierras? ¿Prodeco cuándo piensa restituirlas?

Semana anuncia que se viene una gran demanda contra el Incoder, pero también pudo haber dicho que se viene una gran demanda contra Prodeco.

Twitter: @santiagovillach