La burla de los magistrados

 Ejemplo: “… las deliberaciones (de la Sala Penal de la Corte Suprema) se efectuarán a puerta cerrada, (y) serán reservadas... Bajo tales premisas, me veo en la obligación de abstenerme de ofrecer los detalles contenidos en los numerales 1, 3 y 4 de su escrito”. De esta manera dejó de responderme el presidente de esa sala, Leonidas Bustos, una insistencia al derecho de petición que le envié para que explicara cuál de sus compañeros o si él mismo pidió separar al exmagistrado Iván Velásquez de la coordinación de las investigaciones contra los parapolíticos, cuáles fueron los argumentos del proponente, qué dijo el resto de los presentes, y por qué la secretaria de la sala firmó en constancia lo que no le constaba pues antes de la discusión le pidieron que se fuera. ¿Qué querrá esconder Bustos?

No necesito ser abogada para saber que el togado evade su deber de contar lo que le pregunté, apelando a una reserva inexistente. La Corte Constitucional ha dicho (sentencia C-872 de 2003) que “el principio de publicidad (de los documentos y actos estatales) se ha estructurado como un elemento trascendental... de los regímenes democráticos, ya que mediante el conocimiento de las actuaciones judiciales y administrativas, y de las razones de hecho y de derecho que les sirven de fundamento, se garantiza la transparencia de las decisiones adoptadas por las autoridades, alejándose de cualquier actuación oculta o arbitraria...” (énfasis fuera de texto). De acuerdo con la ley, las únicas actas de la Sala Plena cubiertas por el sigilo son aquellas que tratan de procesos penales. Claramente, mi petición se relaciona con un tema de administración. Pero, al parecer, esto le importa poco al doctor Bustos. Y no es el único. He aquí una muestra de las respuestas de varios magistrados a la Coalición Elección Visible, que pidió los nombres de sus familiares empleados en organismos judiciales:

“Debo abstenerme de suministrar la información solicitada... por cuanto, de un lado, revelar... tal información implica riesgos para (mi) seguridad...; de otro... me asiste la prerrogativa de abstenerme de dar a conocer aspectos propios de mi ámbito de privacidad” (de nuevo, Leonidas Bustos). “No poseo los datos que ustedes solicitan para saber en dónde trabajan cada uno de los parientes de la extensa familia Vergara y de la familia Quintero que poblaron los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Norte de Santander” (Luis Rafael Vergara Quintero, Consejo de Estado). “Me permito responder: ninguno (pariente en la Rama Judicial); en todo caso, me gustaría saber cuál norma se violaría si hubiera alguno...” (Carlos Alberto Zambrano Barrera, Consejo de Estado).

El punto más alto en la vara del abuso a la Carta lo marcó, por ahora, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez. El 11 de este mes le contestó destempladamente a la Coalición: “por enésima vez... tengo una hija que labora en la Procuraduría General de la Nación... y la persona con la que convivo es magistrada titular...”. Siete días después ejerció venganza. Gómez quiso voltear la torta con mordacidad. Le mandó a la presidenta de la Corporación Excelencia en la Justicia (una ONG de la Coalición), Gloria María Borrero, un contraderecho de petición en que preguntaba por estatutos, relación de “los aportantes (sic) con las sumas que se ingresan (sic) mensual, semestral o anualmente”, planta de personal y “realizaciones cumplidas” de ese ente particular. El procurador mete miedo. Los togados también. ¡Esa es la calidad de los que representan hoy a la Justicia! Casi para apagar la luz del país, e irse.