Por: Catalina Ruiz-Navarro

Cuentos de brujas

“¿Cuántos miembros de la comunidad LGBTI hacen parte de la nómina de Canal Capital actualmente? Anexe las hojas de vidas”.

Esto pregunta el concejal homofóbico Marco Fidel Ramírez alegando que está ejerciendo control político sobre el canal, pues da espacio a la comunidad LGBTI en su prime time y supuestamente no hace lo mismo con otras minorías no especificadas. Ramírez dice que él “ama” a la comunidad LGBTI, solo que no le gusta que tengan un espacio en la televisión pública pues no quiere que se exponga “a los jóvenes a una variedad sexual que finalmente termina extraviándolos”. Ante las críticas a su evidente violación del derecho a la intimidad de los trabajadores con fines discriminatorios, el concejal ha dicho que es objeto de una persecución político religiosa, un argumento que le copia a Alejandro Ordóñez, que ya se ha quejado públicamente de que no le permitan dar rienda suelta a su cruzada antiderechos.

Esta semana el Consejo Superior de la Judicatura le reiteró al procurador que no puede pedir los nombres de las mujeres que han exigido su derecho a un aborto por medio del mecanismo de tutela, pues viola los derechos a la intimidad y a la dignidad. La persecución del procurador parece estar dirigida solo a las mujeres que hacen uso de su derecho a la tutela, pues no parece molestarle que una de sus funcionarias, Amada Rosa Pérez, haya admitido públicamente un aborto ilegal. Este es otro intento de intimidación por parte de la Procuraduría a ciudadanos que reclaman los derechos que esa institución debería defender, una estrategia que ya utilizó Ilva Myriam Hoyos este año para atacar a Mónica Roa y que criminaliza el uso de la acción de tutela.

Ordóñez y Ramírez son de la misma corriente fundamentalista, en las marchas de los defensores de Ordóñez se suelen ver falaces pancartas de “el concejal de la familia”. Ambos abiertamente intentan usar el poder público para hacer “listas de pecadores” al mejor estilo de la inquisición. El matoneo fundamentalista es también para todos los funcionarios públicos que deben garantizar el servicio de la IVE; viven amedrentados al punto que no pueden hacer su trabajo, pues quienes cumplen se enfrentan a querellas intimidantes y hasta a investigaciones disciplinarias injustificadas. El hostigamiento también es extensivo a los defensores de derechos: por ejemplo, Daniel Sastoque, exfuncionario de la Procuraduría cuyo trabajo era garantizar los derechos de la comunidad LGBTI, sufrió repetidas agresiones a su integridad basadas en su orientación sexual y fue llevado a renunciar después de que acabaran su cargo y arrumaran su escritorio en un rincón como para literalmente devolverlo al clóset.

El matoneo por parte de estos funcionarios es tan insolente que ni con una orden directa de la Corte Constitucional la Procuraduría deja de mentir en sus comunicados oficiales que, por ejemplo, aún afirman que el misoprostol es peligroso. Tanto descaro ha envalentonado a vándalos extremistas que han grafiteado las paredes de algunas IPS que prestan el servicio legal y seguro de la IVE con mensajes ofensivos y vestidos con capuchas y velas al estilo del Ku Klux Klan.

La persecución sistemática por parte de funcionarios públicos a ciudadanos es una historia de terror que deja lívido a cualquiera y usar las palabras “vida” y “familia” para vulnerar los derechos de las personas es, en este día de brujas, el más abominable disfraz.

 

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