Por: Julio César Londoño

Dos perlas gubernamentales

En los últimos días el Gobierno ha engarzado dos perlas históricas. La primera tiene que ver con el cabezazo de la ministra de Educación al ordenar una semana de receso en todos los colegios del país para impulsar la industria hotelera. Fue un movimiento tan insólito que apenas ahora me repongo y lo comento.

Supongo que la ministra analizó si valía la pena mandar a la calle a millones de estudiantes para que los hoteleros ocuparan las dos mil camas que los jóvenes de estrato seis arrugaron esa semana.

Supongo que estos centavos de los hoteleros pesan más que los miles de millones de pesos perdidos por los padres de familia, que de todas maneras cancelaron un mes completo de clases y transporte.

Supongo que era necesario añadir este receso a los doce puentes del año y a los tres meses de vacaciones del calendario escolar. Estoy seguro de que este relax mejorará el nivel académico que han mostrado nuestros estudiantes en las pruebas internacionales.

Miopes ante el prodigio ministerial, algunos columnistas murmuran que el alma de la ministra sigue en la Cámara de Comercio de Bogotá, que mañana los moteles, el Festival del Bambuco y la Iglesia de la Roca pedirán sus semanas en aras de la equidad y el derecho al trabajo, que ni en África hay antecedentes de un negociado semejante entre el Estado y la empresa privada, que el engendro del receso es digno de la autora de la abucheada reforma a la educación, que deberían nombrarla en Cotelco y pedirle a alguien que de verdad conozca y ame la educación, como Cecilia María Vélez White, que ocupe esa cartera.

¡Canallas!

Estoy seguro de que más temprano que tarde los hoteleros responderán este generoso gesto ministerial con una happy week para estudiantes de escasos recursos de todo el país.

La otra perla está ensartada en el proyecto de reforma tributaria, un orangután que busca, entre otras lindezas, rebajar el impuesto a las herencias del 30% al 10%. En cualquier país esta medida es cínica y repudiable. Aplicada en una de las naciones más inequitativas del mundo, es criminal.

Como si fuera poco, la reforma exime a las empresas de pagar los aportes parafiscales con los que se financian el Sena y Bienestar Familiar. El fin es loable: estimular la creación de empleo. El medio es inane: la historia muestra que los estímulos tributarios no han creado un puesto de empleo nunca. Las gabelas de Uribe a los empresarios, que les permitió pagar horas extras a precios ordinarios, no bajaron en una décima la tasa de desempleo. Tampoco sirvieron las obsecuentes medidas de las administraciones de Gaviria, Samper y Pastrana. Los empresarios crean plazas nuevas sólo cuando se revientan varios operarios o cuando se enloquece el tercer jefe de sección que maneja tres secciones (“reingeniería” llaman a estas fusiones los genios de la gerencia). El mismo Gobierno crea un ministerio sólo después de varios años de fracaso de los ministerios fusionados.

Los nuevos gravámenes a la clase media no harán sino torpedear nuestra anémica movilidad social, truncar esperanzas, matar sueños, estimular la criminalidad.

Para colmo, el Gobierno sigue menospreciando la agricultura y lo apuesta todo a la gran minería, un sector que, si no está asociado a procesos de la industria nacional, no genera empleo ni desarrollo, como lo han demostrado los tristes casos de las minas de diamantes en Zimbabwe, de uranio en Kenia, de estaño en Bolivia y de oro y esmeraldas en Colombia. Un sector cuyos centavos van a parar a los bolsillos de los funcionarios del ministerio del ramo y cuyos millones vuelan al exterior, cuya depredación ambiental se puede palpar en Santurbán y cuya miseria humana es ostensible en La Guajira o en el Chocó.

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