Por: Mauricio García Villegas

Los publicistas y el altruismo

Viajando por las carreteras de Antioquia observo una valla de la campaña Antioquia legal, promovida por el gobernador Sergio Fajardo. En ella se lee lo siguiente: “Si alguien le da papaya, ¿usted lo tumbaría en un negocio? Existe una línea muy delgada entre ser legal e ilegal; ¿usted de qué lado está?”.

Me quedo intrigado con ese mensaje; busco en internet algo más sobre la campaña y encuentro una página en donde se agrega lo siguiente: “Siempre se ha dicho que el vivo vive del bobo. ¿Y si jugamos a ganar todos? ¿Usted ha hecho trampa en un examen? ¿Compra música y libros piratas? ¿Ha tumbado a alguien en un negocio? ¿Ha comprado algo robado? Hay una línea muy delgada…”.

Sobra decir que estoy de acuerdo con la promoción de la cultura de la legalidad en Antioquia y pienso que el gobernador Fajardo ha hecho todo lo posible no solo por promover dicha cultura, sino por imponerla dentro de su propia administración. Lo que no me gusta es el trabajo que hicieron los publicistas. Me explico.

En todo sistema de reglas hay casos confusos en los que no es fácil saber cuál regla se aplica. Supongamos que en un parque hay un aviso que prohíbe la entrada de vehículos. La norma, en principio, es clara, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien ingresa montado en una bicicleta? ¿O si entra una madre paseando a su bebé en un coche-cuna, que también es un vehículo? En estos casos la frontera entre lo legal y lo ilegal es, sin duda, delgada.

Pero la ilegalidad que el gobernador Fajardo tiene en mente no es de ese tipo. No es la ilegalidad difícil de interpretar y de valorar, sino la de los actos claros de corrupción en donde la gente sabe perfectamente lo que hace. El problema es que la cuña mezcla casos fáciles con casos difíciles. El ejemplo de aquel que tumba a otro en un negocio cuando éste le da papaya es un caso fácil de resolver, en donde la ilegalidad y la inmoralidad de la conducta son evidentes. Algo distinto ocurre con la compra de música pirata o de objetos robados, en donde puede haber cantidad de situaciones difíciles de valorar. Casi todos los colombianos han comprado contrabando, pero muy pocos han tumbado a otro en un negocio. Al juntar lo grave con lo dudoso, la cuña banaliza la condena social de la conducta peor y por eso debilita el mensaje que el gobernador quiere trasmitir.

El problema de la ilegalidad en este país no surge de la interpretación incorrecta que los ciudadanos y los funcionarios hacen de los casos dudosos y difíciles, sino de que hay demasiada gente que comete actos ilegales a sabiendas de que son ilegales. Lo que necesitamos, por lo tanto, no son buenos intérpretes de la ley que nos ayuden a trazar bien la delgada frontera entre lo legal y lo ilegal, sino una formación ciudadana que nos impida, éticamente, actuar en contra de la ley y del bien público.

Hace unos meses critiqué la campaña del Ministerio de Transporte que promueve la “inteligencia vial” y en donde se recomienda que las personas cumplan las normas de tránsito, no por el deber ciudadano de cumplirlas, sino para que les vaya bien (no sufran un accidente, por ejemplo). Dije entonces que las cuñas institucionales deberían desalentar a los que se pasan los semáforos en rojo, no por imprudentes, sino por irresponsables.

Los publicistas colombianos son expertos en vender productos apelando al egoísmo de los consumidores. Pero deberían hacer un esfuerzo por entender la lógica que hay detrás de ideales altruistas como el de la cultura de la legalidad. Cuando lo hagan, valdrá la pena que los gobernantes contraten sus servicios.

 

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