Batallas por los consumidores

El punto de partida ha sido el reconocimiento de que los colombianos recibimos pésimos servicios. La voz no se oye; las llamadas se caen; el ruido es permanente. Son frecuentes los cobros injustificados. Y los operadores, casi siempre, se hacen los locos.

Lo peor es que existe la posibilidad de que, sin la intervención del Gobierno, la situación empeore. Una equivocada adjudicación del espectro para los servicios de 4G, el internet móvil de alta velocidad, podría hacer que se agudicen los rasgos monopólicos existentes, con el consiguiente perjuicio para toda la sociedad.

Las autoridades, hace tiempo, reconocieron la existencia de un gran operador dominante, que, en palabras del ministro Molano, presta el peor servicio. Con su libre participación en la subasta, este operador tendría la capacidad de consolidar una posición monopólica y extraer, para su propio beneficio, recursos de todos los colombianos. El riesgo es enorme.

Los líderes de la lucha han sido los senadores Juan Mario Laserna, ampliamente versado en economía, y Jorge Enrique Robledo. Los debates que realizaron, los estudios que promovieron y las advertencias que lanzaron no han sido en vano. El Gobierno, con inteligencia, analizó los elementos del problema y tomó algunas decisiones encaminadas a evitar la consolidación del monopolio, crear las condiciones para la mejoría de la calidad e inducir la entrada de nuevos operadores. Los consumidores, por fin, están en el centro de los intereses de los funcionarios y reguladores de las telecomunicaciones.

El modelo que se quiere evitar —el espejo donde los parlamentarios y funcionarios miraron el futuro— es el de México, un país cuya economía y población se han empobrecido por posiciones monopólicas en la telefonía y otros sectores.

Laserna, sin embargo, considera que las medidas del Gobierno son todavía insuficientes. Sostiene que deben profundizarse y reglamentarse en forma inmediata. Piensa que todavía no hay garantías de que las cosas van a mejorar para los atribulados usuarios de los celulares. La batalla continúa.

Con estos debates se ha probado que la defensa del consumidor y la promoción de la competencia no son sólo abstractos mandatos constitucionales, sino un importante objetivo de la actividad política. A imagen y semejanza de lo que ocurre en los parlamentos de los países avanzados, los congresistas colombianos pueden incidir decisivamente en asuntos de la vida diaria de los consumidores.

Y el Gobierno, a pesar de las presiones, ha sido receptivo. El propio presidente Santos le respondió al magnate afectado, señalando que insistiría en tratar de mejorar la calidad de los servicios y aumentar la competencia en la telefonía celular. Ojalá, como lo solicita el senador Laserna, que se concluya la importante tarea que ya comenzó.

Finalmente, hay que decir que una reforma tributaria que pretende mejorar la equidad debería ordenar que el IVA de los servicios celulares, que reciben millones de personas de todos los estratos, tenga la tasa general del 16% y que no pague un impuesto al consumo del 4%, como si fuera un lujo. No lo es.