¿Quién impulsa la agenda pública?

En Colombia también se viene imponiendo una agenda progresista sobre la reaccionaria que predominó durante la última década. Del enfoque de la seguridad, se ha pasado al de la paz. De la reducción de impuestos, a la recomposición de la carga tributaria. De reducir el tamaño del Estado a ampliarlo, a reducir informalidad, a restituir tierras.

La diferencia con Estados Unidos es que acá esa agenda no es impulsada desde la base por grupos sociales pesados electoralmente, sino desde el Gobierno, y, en casos como el del aborto y los derechos de los desplazados, por la sociedad civil y la justicia en desarrollo de la Constitución. Quienes insisten en que el gobierno Santos es una continuación del de Uribe, porque quieren cambios más drásticos —como el senador Jorge Enrique Robledo— apuntan a un hecho cierto: la agenda, aunque progresista, es tímida.

Pero esa timidez no es arbitraria: como en Estados Unidos, en este momento las políticas progresistas no generan consenso. La paz negociada tiene apoyo, pero las mayorías están más del lado de la intransigencia a la hora de hacer concesiones, y el prohibicionismo radical de drogas tiene más apoyo popular que las políticas de control del daño y la regulación. La segunda razón es que, por la naturaleza no programática del sistema político colombiano, que es clientelista, mientras las iniciativas conservadoras tienen fuertes impulsores en los gremios y las instituciones, las progresistas tienen menor poder de presión porque los movimientos sociales son débiles y no tienen conexión fuerte con los partidos políticos. Sólo algunas excepciones —como la Ley de Víctimas— tienen origen partidista.

¿Qué hace entonces que la agenda pública tenga énfasis progresista, a pesar de que esa no es la bandera que ganó las elecciones, ni es la del sector mayoritario de la Unidad Nacional? Una de las respuestas es la tradición política. Santos actúa movido por una tradición liberal arraigada, la de López Pumarejo y Eduardo Santos, de Alberto y Carlos Lleras, de Virgilio Barco y César Gaviria, que con matices ha creído que la salida a los problemas colombianos es la modernización, y que es necesario blindar la democracia frente al monstruo del populismo. La otra explicación es que las tendencias políticas estadounidenses tienen un efecto decisivo sobre la política colombiana. Así como la era Clinton engendró el Plan Colombia, la Bush facilitó la Seguridad Democrática, y la era Obama está produciendo efectos silenciosos en Santos.

Pero la razón de fondo es que las agendas públicas las dictan los cambios estructurales, y los políticos sólo las escriben. Cualquiera que hubiera sido presidente en 2002 habría tenido que actuar militarmente contra las Farc, así como hoy, los hechos tozudos indican que, no habiéndolas derrotado, hay que intentar negociar; que es necesario dejar de ser el cuarto país más la desigual del mundo, y que así Uribe y Ordóñez no lo acepten, la guerra antinarcóticos fracasó.