Sobre "vacunas" navideñas

Pareciera que a Leonidas Bustos, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, le divierte desafiar la dignidad característica de magistrados de otras épocas, juristas respetables que no sabían de ambiciones, truquitos, amiguismos y rumba, sino de leyes y academia. Pues bien, a quien preside el grupo de sabios (?) que decide, en últimas, sobre la libertad de los ciudadanos, le llegó la Nochebuena. Para el efecto, prepara una gran celebración. Por eso ordenó y tasó la contribución económica de sus subordinados.

En una circular impresa en papelería de la Corte que les envió a los cerca de 200 funcionarios que laboran bajo su supervisión, Bustos les comunicó “cordialmente” que hará “una fiesta de clausura de actividades” y que la asistencia es “obligatoria”. El remate de la notificación es lo mejor: “(se integrará) un Fondo Común (sic) de aportes cuyos valores se relacionan a continuación: magistrados titulares: $250.000; magistrados auxiliares: $200.000; profesionales especializados grado 33: $150.000; relatora y secretaria: $150.000; oficiales mayores: $100.000; auxiliares grado 1: $70,000; auxiliares grado 2 y 3: $50.000; escribientes: $30.000; notificadores: $20.000”.

No hablemos de lo que significa para los escribientes y notificadores, en cuya casa solo cuentan con el salario apenas por encima del mínimo que reciben, ese “aporte”. Pensemos en qué pasará con otros, aunque devenguen más, si no les viene en gana gastarse su dinero. Las normas de protección salarial que precisamente buscan resguardar a los trabajadores de los abusos de sus superiores, existen hace décadas. El presidente de la Penal no será juez laboral, pero, ¡vaya!, al menos por sentido común debería saber que nadie puede contar con la plata ajena. La importancia de este incidente no reside solo en que demuestra la falta de criterio del autor del estropicio, sino en que exhibió su insolidaridad y la de sus colegas con los empleados de la misma Rama Judicial que tuvieron que entrar, por enésima vez, en paro.

En cuanto al pobre papel del Ejecutivo representado por una ministra de Justicia sin liderazgo alguno, únicamente cabe decir que es una pena. Ignoro en cuáles circunstancias un grupo de Asonal se puso de acuerdo con el gobierno sobre una suma que desembolsará, en seis años. Por cuantiosa que sea, no soluciona el problema: la brecha salarial enorme entre los bustos de todas las cortes y los jueces que hacen la tarea. El lío económico reside en que un magistrado titular recibe $25 millones mensuales, sin contar gabelas. Un auxiliar, $19 millones y medio. Un juez del circuito, $5’700.000. Un juez municipal, $4’400.000. Y “cuesta abajo en la rodada” para los que siguen. Esto significa que un togado de tribunal gana 335% más que un juez del circuito. Y que uno de alta corte recibe 345% más. El Estado prometió reducir esas diferencias hasta llegar a una fórmula justa: el funcionario inferior ganaría el 80% de su jefe. Con la propuesta de Santos, los aumentos serían del 5%. Con razón unos protestan y los otros programan fiestas.

 Entre paréntesis.- El expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, amigo de componendas y de parapolíticos, y elector de miembros actuales de esa corporación, fue elegido por sus beneficiados como miembro del Consejo Superior de la Judicatura, donde estará en su salsa mientras recibe los $25 millones que dejó de percibir hace unos días. Y nosotros, resignados.