Por: Rodolfo Arango

Cruje la República

El Presidente de la República, símbolo de la unidad nacional, jefe de Estado y responsable del orden público y de las operaciones de guerra, quien cuenta entre sus atribuciones convenir y ratificar tratados de paz, pide buena voluntad a la guerrilla para posibilitar la finalización del conflicto armado en Colombia.

El mismo día, el actual procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, defensor de los intereses de la sociedad, en pleno proceso reeleccionista, declara ante los medios su escepticismo frente al proceso de paz.

La destitución e inhabilidad por 18 años de la senadora Piedad Córdoba a manos del procurador Ordóñez por “probada” colaboración con la guerrilla de las Farc se debate actualmente en la Corte Constitucional, sin que la solución del asunto se avizore por dormir el respectivo proceso el sueño de los justos en las gavetas de la alta corporación. En su momento advertimos la inconstitucionalidad de sanciones disciplinarias basadas en hechos que sólo los jueces penales podrían establecer si es que se observa el principio de juez natural. Lo que no se evitó a tiempo, esto es, la confusión de las funciones disciplinaria y judicial, amenaza ahora con extenderse a las funciones disciplinaria y presidencial. El jefe de Estado podría terminar procesado disciplinariamente ante el Congreso de la República por convenir un tratado de paz que, a juicio del defensor de los intereses de la sociedad, viola la Constitución o la ley.

Y es que la materia objeto de negociación en Cuba no es de poca monta: el estatuto de propiedad rural; las reglas de la participación política; los derechos de las víctimas y la justicia transicional; la dejación de las armas y la reinserción a la vida civil del grupo guerrillero. Cualquier ciudadano medianamente informado entendería que lo negociado en La Habana podría desafiar el marco constitucional y legal vigente. Escépticos del proceso de paz o enemigos de las negociaciones con las Farc, representados en la reelecta Procuraduría o en el futuro Congreso recompuesto a partir de 2014 con briosas fuerzas uribistas, podrían perfectamente promover un juicio de responsabilidades al reelecto presidente Santos por actuar, según su leal saber y entender, en contra de los intereses de la sociedad y por fuera del marco constitucional y legal. Cruje la República.

Es difícil instituir una Constitución Política, pero mucho más difícil es conservarla ante los avatares y vaivenes de los tiempos. Es en estas ocasiones cuando la fortaleza institucional se pone a prueba. Si la transformación constitucional transcurre por los cauces de la Carta Política, se evita el rompimiento del orden jurídico; de lo contario, se imponen las fuerzas de facto y el futuro institucional se torna incierto.

Cruciales momentos vive la República de Colombia. Múltiples y confusos intereses atentan contra la unidad política en tiempos de posibles acuerdos de paz. Cuando más se requeriría de una voluntad conjunta unificada y actuante de las fuerzas políticas y sociales del país, el tejemaneje politiquero, la corrupción y las ansias de mantener o de recobrar el poder atentan contra el bien supremo de la paz. Es en estos momentos cuando el liderazgo político se pone a prueba y una población muestra si está madura para regular civilizadamente la sustitución pacífica del poder.

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