La absurda guerra contra una yerba inocua

En su Historia General de las Drogas, Antonio Escohotado anota que es al caer la prohibición del alcohol en los EEUU que se empieza a perseguir la marihuana, a la que algún reverendo le atribuye “aspectos paganos y hasta idolátricos”.

Con el continuo aumento de la inmigración mexicana desde los años veinte, allí donde se concentran los ilegales, en algún momento aparece mencionada la yerba. La Gran Depresión esparce la paranoia de las parroquias y clubes de señoras. Se habla de criminales adictos a una sustancia que “estimula sexualmente y borra inibiciones civilizadas”. La American Coalition asocia la invasión de narcóticos a inmigrantes mexicanos y acusa a los traficantes de regalarle cigarrillos a los niños en las escuelas. Un folleto editado por prohibicionistas advierte que la marihuana “produce degeneración física y mental, depravación lujuriosa e inclinaciones irrefrenables a la violencia y el asesinato sin motivo”.

Para entonces, ya existe buen conocimiento sobre los efectos del cannabis. Un extenso estudio realizado en la India a finales del s.XIX por médicos ingleses y locales para el ejército británico señala que “el uso  ocasional del cáñamo con dosis moderadas puede ser beneficioso y considerado medicinal”. Se reconocen daños causados por el uso excesivo, pero se insiste que el consumo “popular y común” de la yerba no tiene consecuencias físicas ni mentales.

En 1933 un médico investiga para el ejército norteamericano el impacto social de la marihuana en la zona del Canal, donde soldados y oficiales fuman regularmente la famosa Panama red. Concluye que “no hay ninguna prueba de que la marihuana sea una droga que produzca adicción en el sentido que se aplica al alcohol o al opio … no se consideran aconsejables los intentos de impedir su venta o su uso”.

Tres años más tarde la Academia de Medicina de Nueva York elabora para el ayuntamiento el Informe La Guardia que llega a conclusiones similares. Sin embargo, en 1937 se aprueba el Marihuana Tax Act, otra extensión del Harrison Narcotics Act de 1914 contra los opiáceos. Sorprendentemente, la legislación contra drogas duras fue siempre más debatida que la prohibición de la marihuana, aprobada a pupitrazo y con total acuerdo entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Con maquillaje de disposición administrativa, se criminaliza La Cucaracha.

Según Felipe González Toledo, es un teniente de la policía municipal de Barranquilla quien, en 1946, señala los desastrosos efectos de la yerba que se cultiva en la zona bananera. La investigación para el diagnóstico es simple: “recojo en las vías públicas a los engrifados y los llevo a la cárcel (hasta) por dos o tres días”. Al oficial le queda fácil meterle miedo a los parlamentarios en la capital para convercerlos de penalizar el pernicioso estupefaciente. Le basta con “una colección de fotos sobradamente expresivas” de los detenidos y “una matera con una planta de la maléfica yerba”.