Por: Francisco Gutiérrez Sanín

Cuentas poco alegres

Al presentar unas directrices acerca del comportamiento para los uniformados, el ministro de Defensa afirmó que en los últimos diez años 27.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado, pero que solamente 2% de los casos es atribuible a la Fuerza Pública.

Tengo dos objeciones frente a la manera en que se presentaron tales cuentas.

Primero, eso puede o no constituir una mala noticia. Como se suele decir, depende del cristal con el que se mire. Mi primera reacción fue que se trataba de una cifra más bien pequeña. Sin embargo, unos cálculos elementales —recién leí la noticia me tocó ir a una conferencia muy aburrida, así que podía divagar a mi antojo— revelan que equivale a casi cuatro episodios mensuales durante diez largos años, sin interrupción. ¿Se refería Pinzón a violaciones? Entonces se trata de un terrible baldón para cualquier fuerza democrática en el mundo.

Pero en realidad no sabemos muy bien de qué estaba hablando el ministro. Y eso me lleva directamente a la segunda objeción: ni aquél ni los periodistas que reprodujeron sus palabras echaron alguna luz acerca del universo de eventos al que se estaban refiriendo. Es probable que esas 27.000 mujeres atacadas tuvieron que ser víctimas de cosas muy distintas, en contextos altamente diferenciados. A algunas la guerrilla les prohibió hablar con su novio policía (y quizás las atacó por tenerlo). A otras las vejaron públicamente. Estas sufrieron violaciones por parte de familiares, pero en un pueblo que sufría de manera directa la tragedia y los azares del conflicto (el cual, típicamente, deshace y envenena el tejido social). Las de más allá fueron violadas por hombres uniformados. Ninguna de estas tragedias es pequeña ni susceptible de ser trivializada. Pero, para propósitos de políticas públicas, deben ser tratadas de manera diferente. Me imagino que sería relativamente sencillo tanto para los técnicos del Ministerio de Defensa como para los periodistas identificar claramente la fuente de la que estaban tomando sus datos, dar alguna idea así fuera general acerca de los hechos a los que se estaban refiriendo, y contar algo relevante sobre las dinámicas de los más graves. Por ejemplo: ¿cuántos de esos 27.000 casos fueron violaciones? ¿De éstas, cuántas son atribuibles al entorno inmediato de la víctima (mi intuición: probablemente la mayoría) y cuántos a grupos armados? Y, finalmente, de este conjunto de eventos, ¿qué responsabilidades le caben a la Fuerza Pública?

Todos los gobiernos contemporáneos saben que los medios de comunicación son un vehículo poderoso para la promoción de sus políticas públicas, sobre todo cuando éstas incorporan un elemento pedagógico. Por eso, la información acerca del conflicto no sólo juega un papel esencial en términos de control ciudadano, sino de calidad de la respuesta estatal. La provisión de información muy deteriorada, hasta el punto de ser imposible de interpretar, puede convertirse en un obstáculo serio para la obtención de objetivos básicos de gobierno. No sé si sea muy optimista pensar en el establecimiento de estándares mínimos de manejo y presentación de la información acerca del conflicto por parte de altos funcionarios; ciertamente, no lo es para la prensa. Al menos con respecto de algunos datos gruesos, los que permiten orientarse en el mundo, este es un caso típico en el cual el autoamarre —en este caso, comprometerse con ciertos mínimos— les conviene en algunas coyunturas críticas a todos los actores: al Gobierno y a la sociedad civil, a los oficialistas y a los opositores, a los militantes y a los agnósticos. Si estamos pensando en paz sostenible y estabilidad democrática, necesitamos más y mejor información. Debilidad del Estado también es carecer de los datos y las señales básicos que permitan anclar razonablemente nuestras interpretaciones y fijar nuestras diferencias.

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