De los feudos podridos

El sistema de la Constitución del 91 diseñado para garantizar la autonomía e independencia de la rama judicial, por cuenta de la voracidad de unos magistrados de altas cortes terminó convertido en una velada cooptación, que les ha permitido a varios de ellos beneficiarse de ese corrupto carrusel del yo te elijo, tú me eliges y entre todos nos elegimos. En efecto, la idea de que la Corte Suprema de Justicia participara en la designación de magistrados del Consejo de la Judicatura y de la Corte Constitucional era asegurar que se democratizaran las posibilidades de acceder a esos cargos, precisamente como una señal de transparencia y autonomía. Veinte años después el sistema naufragó, porque la Corte Suprema, por sí y ante sí, decidió que la única forma de democratizar la justicia era nombrando a sus excolegas en los privilegiados puestos del Consejo de la Judicatura. En otras palabras, la cooptación que fue lo que la Constitución del 91 pretendió abolir, hoy subsiste con más fuerza que antes.

El resultado de esa voltereta no puede ser más desastroso. La Corte provee las vacantes en el Consejo de la Judicatura, y luego éste al elaborar las listas de aspirantes a esa Corte, propone como candidatos a los abogados o subalternos que hacen parte de ese círculo sumiso entregado a la burocracia, los asados, la francachela, los cocteles, los paseos semanales por todo el país para hacerse atender en ambiente de incienso por los magistrados y funcionarios de provincia.

Allí no terminan las audacias. La Corte Suprema, a lo mejor también por unanimidad, muy pronto elegirá a otro de sus expresidentes como magistrado en la Corte Constitucional, Camilo Tarquino, conspicuo miembro del grupo de dueños del poder judicial.

Sí, la cúpula de la rama judicial es propiedad de unos pocos magistrados, ah, y claro, también del procurador Ordóñez, quien dicho sea de paso esta semana coronó. No solo porque los dos expresidentes que la Corte nombró son sus aliados, sino porque silenciosamente consiguió en el Congreso que otro de sus delegados se convirtiera en magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura. ¡Moñona! ¿Se imaginan lo que le espera a la justicia en los años que vienen? Yo sí, más corrupción y mediocridad.

Todo en la justicia se ha distorsionado, hasta el honor de presidirla. Lo que resulta atractivo de ser presidente de una alta corte para algunos magistrados, es portar a su retiro y de por vida un pasaporte diplomático que les ahorre hacer colas en los aeropuertos o que les hagan las venias sin las que no pueden subsistir. A eso hemos llegado, porque hay una ley que concede a excancilleres, exmagistrados y una larga lista de burócratas y lagartos, la tonta vanidad de convertirlos en diplomáticos a quienes jamás lo han sido.

Lo peor de todo es que no se ve que quienes deberían estar inquietos por este estado de cosas, realmente lo estén. Casi nos aprueban una tramposa reforma a la justicia, si no es porque las protestas en las redes sociales asustaron al Gobierno que unas horas antes había felicitado a los congresistas que la aprobaron. Ni los abogados, ni las facultades de derecho, tampoco las organizaciones de juristas expertos en diversas disciplinas, parecen estremecerse. Nadie quiere correr riesgos, porque quien no haga parte de esa mafia judicial que revivió los “feudos podridos” de los que hablaba el recordado expresidente López Michelsen, o se atreva a disentir, es perseguido y excluido. Estamos en la penosa era de las reverencias al oropel de ciertos magistrados de altas cortes a los que les importa todo menos la justicia.

Adenda. El Gobierno celebra la inauguración del nuevo aeropuerto El Dorado, pero las operaciones aéreas en todo el país están colapsadas y retrasadas. Nadie responde. Ni la Aeronáutica, ni Avianca.