Por: Reinaldo Spitaletta

Masacres a domicilio

Colombia es tierra de masacres. En mayo de 2002, el pueblo chocoano maldijo, a orillas del Atrato, a los asesinos de cuarenta y dos niños.

En la llamada “Noche de las maldiciones y los maleficios”, en Quibdó se repitió un conjuro para que el agua se les tornara sangre y murieran de sed y se atoraran con las espinas de los pescados de sus ríos y no pudieran dormir. Y enloquecieran con las pesadillas. ¿Quiénes?

Los chocoanos, víctimas históricas de tantas atrocidades, maldijeron a las Farc por haber lanzado el cilindro contra la iglesia de San Pablo Apóstol, en Bojayá, y a los paramilitares por haberse refugiado cerca de ella y al Estado por no actuar.

Y volvemos a lo mismo: en las guerras (¿acaso no hay una en Colombia?) la mayoría de víctimas son los civiles. En mayo de 2009, en Curvaradó, un chocoano, entrevistado por Human Rights Watch, sobre las matanzas de pobladores de parte de paramilitares, dijo: “La fuerza pública no hace nada. Si hablas con alguien de las fuerzas militares, ellos le avisan al grupo. Aquí no se puede denunciar nada. Ellos controlan todo lo que se mueve, y la fuerza pública está allí”.

Colombia está llena de muertos por la violencia, y de sobrevivientes que padecen el horror de lo visto, de lo sentido, del infierno del que han huido, pero del que les quedan quemaduras. En cuerpo y alma. Las masacres están inscritas en nuestra historia, como la sucedida en 1928, en las bananeras de Ciénaga, y todas las incontables de la Violencia liberal-conservadora, y la de Santa Bárbara, con sangre de trabajadores, en 1963. Y después, con la aparición del paramilitarismo, se multiplicaron.

La memoria, en un país sin memoria, quizá no alcanza para la recordación de tantas villanías. Pero sí puede verse correr, en un caleidoscopio de terrores, las sangres derramadas en Mapiripán, en la Mejor Esquina, en las fincas Honduras y La Negra, en la Chinita, en Punta Coquitos, en la Rochela, en la Gabarra… Matanzas por doquier, acompañadas de impunidades. La celebérrima ley de Justicia y Paz, no logró ni una ni otra, y ha dejado sin reparación a millares de víctimas de esta barbarie que no termina.

Por ejemplo, la reciente masacre de diez campesinos, ocurrida en la vereda San Isidro, de Santa Rosa de Osos, vuelve a poner en la palestra la presencia del paramilitarismo (que a la prensa y las autoridades les ha dado por denominarlo eufemísticamente “bandas criminales”) en el país. Esa maquinaria de muerte y terror no ha sido desmontada y, más bien, parece crecer, camuflada en distintas “razones sociales”, como Los Rastrojos, los Urabeños, Los Tiznados, Los Paisas, etc.

El paramilitarismo, ligado al narcotráfico, al despojo de tierras, sigue vivito y matando. Es parte, como lo señaló el gobernador de Antioquia, de una red nacional, con conexiones en distintos ámbitos del poder. Lo raro es que, en el caso de la masacre de Santa Rosa, hay gente que se pregunta, si ya se sabían de las amenazas y las extorsiones, ¿por qué no actuaron preventivamente los cuerpos de seguridad, como el Gaula? ¿Qué pasó con las llamadas alertas tempranas?

Los llamados “herederos del paramilitarismo” siguen cometiendo abusos en todas partes. Entre estos abusos, y según reporte de Human Rights Watch de febrero de 2010, se encuentran “masacres, ejecuciones y desplazamientos forzados. Recurren habitualmente a amenazas y extorsión contra miembros de las comunidades en las cuales operan, como un mecanismo para controlar a la población local”. De ese año a hoy, el número de atropellos del paramilitarismo parece haber crecido.
El triste caso de Santa Rosa de Osos evidencia, otra vez, el poderío paramilitar y la casi nula acción del Estado contra esas estructuras. Tal vez haya que recurrir a los conjuros chocoanos, aunque, según se ve, todavía el paramilitarismo (o sus sucesores) no se atora con las espinas de los pescados y parece satisfacerse con la sangre de sus víctimas. La pesadilla continúa.

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