Por: Gonzalo Silva Rivas

Bajo el tapete

En lenguaje coloquial podría decirse que los empresarios de restaurantes, y me refiero a quienes ejercen formalmente esta industria, quedaron "colgados de la brocha" con la sorpresiva reculada del Gobierno Nacional en la anunciada substitución de la carga tarifaria, que pasaría del 16% al 8%.

Por largos meses, el Minhacienda y el director de la Dian acariciaron el oído del gremio con la propuesta de eliminar la vigente tasa del IVA para reemplazarla por un impuesto al consumo. La alternativa tenía buen recibo dentro del sector porque enfrentaba la informalidad y establecía una obligatoriedad fiscal regida por el principio de equidad. Al gobierno le resultaba atractiva por contribuir a la simplificación y mejora del recaudo, reduciendo la evasión, con un incremento en la base de contribuyentes. Y el país tendría sus réditos con más plazas en el mercado laboral.

Sin embargo, de la noche a la mañana, cuando el Congreso esperaba abordarla dentro del marco de la reforma tributaria, el Ejecutivo la retiró de la mesa. Sin ningún lance le dio la estocada mortal pese a que el ministro reconocía su papel estratégico para el control de la evasión, y el director, para priorizar ajustes de equidad en el sector.

El IVA a los restaurantes no ha sido buen negocio para el Gobierno ni modelo de igualdad para los empresarios agremiados, quienes finalmente son los que formalizan esta industria y contribuyen a la construcción de país. En entrevista de prensa, el presidente de Acodres, Iván Bohorquez, reveló hace unos días que solo el 20% de los restaurantes que funcionan en Colombia paga impuestos, mientras la inmensa mayoría pasa de agache.

El “impoconsumo” buscaba corregir esta desproporción y se perfilaba como la herramienta para subir la formalidad del 20% al 60%. La multimillonaria evasión en el sector es responsabilidad de la informalidad. Y esta cultura evasora debe preocupar al Gobierno por cuanto ya supera los $28 billones en todas las áreas de la economía. Millares de restaurantes del régimen simplificado no cancelan impuestos pero venden más que los del régimen común y siguen campantes amparados en la indolencia estatal, jalonando una competencia desleal contra los establecimientos legales, que se resienten en sus capacidades de crecimiento, competitividad y aporte al empleo.

Resulta inexplicable, salvo alguna otra razón de pesos, que el gobierno haya escondido bajo el tapete una propuesta en la que de veras creía.

gsilvarivas@gmail.com 

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