Santos que incumplen la ley

 La hipocresía que vestimos nos permite, eso sí, presumir de seres humanos inmejorables, respetuosos de las normas; de políticos sagaces pero jamás bandidos, abogados sabios en vez de ‘avivatos’, y jueces —¡ay, los jueces!— con derechos de tribunos romanos y ninguna obligación de responderle a la plebe que les permitió, hasta cuando se agote su paciencia, estar donde están. Panorama nacional reciente:

1.- El presidente de la Corte Suprema citó a sala plena extraordinaria, a tres días de elegir a su excompañero Francisco Ricaurte, y sin otro motivo que el de confirmar su nombramiento para el Consejo Superior de la Judicatura. Tan rápida reunión, inusual para ese solo objeto, tiene una explicación posible: Ricaurte necesitaba posesionarse antes de la vacancia judicial. ¿Tal vez lo esperaba su jugosa prima de navidad? La conjura de clientelismo cortesano contó con 16 votos de 19 en ambos casos, elección y confirmación. La gran mayoría violó, pues, la Constitución en su artículo 126, que les prohíbe a los servidores públicos darles puestos a quienes intervinieron en el que uno ejerce (Ricaurte ayudó a elegir a los magistrados que lo eligieron a él). El artículo 40: “todo ciudadano tiene derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos”. Y el artículo 13: “todas las personas… recibirán… igual trato de las autoridades y gozarán de iguales oportunidades”. Dado que nunca se consideró otro aspirante para esa silla que Ricaurte, la Corte vulneró la Carta. ¡La Corte Suprema! Pero se siente impoluta.

2.- “Colombia debe hacer como que esa sentencia (sobre el archipiélago de San Andrés) no existe… (y) debe decir que no acepta”. Quien se expresa como lo haría el matón de una película del lejano oeste americano, fue presidente durante ocho de los once años que duró el litigio ante La Haya, y por lo tanto, se supone su responsabilidad en la deficiencia de la defensa territorial del Estado. Álvaro Uribe clama que la nación desacate al máximo tribunal internacional. Él jura que nunca ha traspasado el marco legal y le creen.

3.- El señor Guillermo Asprilla, quien en 1997 se dedicara, junto con otros dos abogados, a conseguir que 5 mil ciudadanos pobres e iletrados les dieran poder para representarlos en un pleito contra el Estado por la explosión del relleno Doña Juana, es, hace 6 meses, secretario de Gobierno de Bogotá. Durante los primeros 5 meses de esta administración, el señor Asprilla fue el director de la entidad pública encargada de la recolección y reciclaje de las basuras. Desde esa posición reestructuró el esquema de un negocio que vale $2,5 billones y que afectará, para bien o para mal, la calidad de vida de los 7 millones de bogotanos. Acaba de conocerse el fallo del Consejo de Estado que favorece a los demandantes iniciales y a otros 60 mil habitantes, con el pago de $227 mil millones. Allí se ordena también que el 10% de la suma que reclame “cada uno de los que no hayan sido representados judicialmente” se les entregue a los abogados como pago de sus honorarios. El señor Asprilla no renunció a su poder cuando llegó junto con Petro a la alcaldía, sino que puso a un sustituto: su sobrina. En consecuencia, puede beneficiarse con el 10%, cerca de $21 mil millones, de los cuales le corresponderían $7 mil millones. Asprilla todavía duda si puede ser parte (Distrito que paga) y contraparte (abogado que recibe los millonarios honorarios). Pero él, como el ‘magistrado’ Ricaurte, el expresidente Uribe y muchos más, se ve a sí mismo como un santo al que nadie puede fiscalizar, so pena de caer bajo su ira divina.