Largo trasegar hacia la paz

 Fue en la modernidad del siglo XVII cuando se tomó conciencia de la importancia que tiene el derecho para evitar las devastadoras consecuencias de la guerra. El progreso moral de las naciones dispuso finalmente en 1928 la proscripción de la guerra como mecanismo de solución de controversias internacionales. El derecho público, no el poderío militar, ha sido desde entonces la salida civilizada a los desacuerdos entre Estados, sean limítrofes o de otra índole. Esa confianza en el derecho como medio de la paz se ahondó en 1948 cuando el presidente Alberto Lleras Camargo impulsó la creación del sistema regional de derechos humanos en el continente americano. En buena hora el humanista y demócrata expresidente contribuyó a forjar un orden jurídico internacional con miras a garantizar la paz perpetua entre naciones.

Es menester recordar todo esto cuando en el país aumentan las voces que llaman a desconocer la decisión de La Haya que resolvió el conflicto entre Nicaragua y Colombia. En efecto, hemos perdido grandes extensiones en el mar Caribe por decisión de la justicia internacional, con grave afectación para los derechos de nacionales, en especial de los habitantes de San Andrés y Providencia, quienes ven amenazadas sus fuentes de trabajo y su supervivencia. No obstante, los efectos adversos de la decisión judicial no justifican la demagogia nacionalista promovida por sectores de dudosa reputación democrática y republicana. Los llamados a desacatar, incumplir o inaplicar la sentencia de La Haya por errónea, lesiva de los intereses nacionales o desconocedora de la realidad histórica, si bien pueden canalizar la indignación general, carecen de justificación y contrarían una larga tradición respetuosa del derecho.

Ha sido el expresidente Uribe, desafiador profesional de la Constitución y la ley, quien ha llamado a desconocer el fallo de la justicia internacional y a desobedecer el orden jurídico internacional. Con esta actitud se iguala a los guerrilleros que tanto dice combatir. Ante la convicción de la justeza de sus fines, tanto el uribismo guerrillero como la guerrilla marxista leninista están siempre dispuestos a alzarse en armas para emprender lo que consideran “guerras justas”. Lamentablemente el Gobierno ha hecho eco parcialmente de este llamado trasgresor de las reglas y principios del derecho internacional. Mal ejemplo.

¿Cómo exigirles a los grupos guerrilleros que negocian la paz el pleno respeto al orden jurídico nacional, cuando el propio Gobierno no parece dispuesto a respetar el orden jurídico internacional? Los señores del poder nunca se hartan de la guerra. Su actitud mental sigue siendo la del soldado glorioso, no la del demócrata ciudadano del mundo. La ausencia de una disposición adecuada para la paz no debe, sin embargo, asombrar. Mientras los ánimos nacionalistas se expanden como el fuego, la domesticación de los instintos y la educación para la democracia avanzan lentamente. Pese a todo, no hay razón para el pesimismo. La experiencia acumulada y la memoria del sufrimiento nos persuadirán tarde o temprano de que es mejor respetar los acuerdos mutuamente concertados que someterse al albur de la fuerza y la irracionalidad.

El fallo de La Haya deja una gran enseñanza: debemos mejorar la deficiente organización y formación jurídicas y diplomáticas con que contamos en el país.